18Noviembre2019

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17 Septiembre 2019 Escrito por 

Constituida la Junta Electoral que velará por las elecciones en la Cámara de Almería

La Junta Electoral que velará por el proceso de renovación del Pleno de la Cámara de Comercio se constituyó este lunes en la sede de la institución empresarial.

La Junta Electoral ha quedado constituida e integrada por los representantes de las empresas elegidas mediante sorteo público el pasado 10 de septiembre por el Pleno de la Cámara.

Se compone, por tanto, de los siguientes miembros: María Jose Casas Molina, de Nicolás Casas, Antonio Jesus Fernandez Garcia y José Juan Carricondo Martinez, de Lakkun Innovación S.L.U, junto a Emilio Rodríguez Contreras, jefe de servicio de Comercio de la delegación Provincial de Empleo; como secretario, actuará Francisco Castillo, designado por la Junta de Andalucía como administración tutelante; como presidente, actuará José Juan Carricondo, elegido por unanimidad de los integrantes de este órgano electoral.

La Junta Electoral mantendrá la próxima reunión el 24 de septiembre a las 10.00 horas en la sede de la Cámara.

Elecciones, el 23 de octubre

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, publicó en el BOJA la Orden por la que se convocan elecciones para renovar los plenos de las cámaras de comercio de Andalucía. En dicha convocatoria se establece como día de celebración el día 23 de octubre de 2019, así como la posibilidad de que las personas electoras ejerzan el voto por correo en los días previos a dicha fecha.

Está convocado a estas elecciones todo el sector comercial andaluz, es decir, todas las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades comerciales, industriales, de servicios y navegación, con establecimientos, delegaciones o agencias en los ámbitos territoriales de las cámaras andaluzas. En esta convocatoria cobra un especial protagonismo la transparencia de todo el proceso electoral, por lo que cada cámara deberá dar publicidad a la convocatoria electoral en su sede social y en su página web, así como a través de los medios de comunicación.

Las candidaturas a estos plenos se podrán presentan durante los 10 días hábiles siguientes a la publicación de la orden de convocatoria, es decir, hasta el 23 de septiembre. Se deben formalizar ante la Secretaría General de la Cámara y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 18 del Decreto 189/2018, la normativa aprobada en octubre del año pasado que vino a sustituir a la vigente desde para adaptarse a la nueva ley básica estatal. Esta nueva norma incrementa la representación directa de las empresas y sus organizaciones, adecuándola a la realidad económica de cada territorio. Además, dota de mayor agilidad y eficiencia al proceso de elecciones.

Por otro lado, el decreto recoge que las cámaras de Andalucía y el Consejo Andaluz de Cámaras deben adoptar las medidas necesarias que promuevan y faciliten la presentación de candidaturas de mujeres, garantizando una representación equilibrada en la estructura y composición del pleno respecto a las vocalías de libre elección.

Novedades en el proceso electoral

La estructura y composición del pleno de cada cámara, en cuanto a número de vocalías y su distribución por grupos, se revisará y actualizará cada cuatro años. Para la presente convocatoria, la orden publicada en BOJA establece el siguiente número de vocalías: 30 para la Cámara de Comercio de Almería; 45 para la Cámara de Comercio de Sevilla; 30 para la de Almería; 24 para la de Córdoba; 22 para las de Cádiz; Campo de Gibraltar, Granada, Huelva y Jerez; 20 para la de Andújar, 15 para la de Linares; y 11 para las de Ayamonte y Motril.

En cuanto al procedimiento electoral, destaca la reducción general de los plazos que introduce el decreto para las distintas fases. Asimismo, la persona que asuma el cargo de la presidencia de una cámara no podrá superar más de dos mandatos consecutivos (de cuatro años cada uno), y se establece explícitamente la inelegibilidad de quienes estén incursos en alguna causa legal que lo impida, de quienes han sido condenados por delito económico con sentencia firme y hayan sido sancionados o condenados por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias en la legislación vigente.