17Noviembre2019

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08 Noviembre 2019 Escrito por 

Almería modifica sus cuentas en 5,3 millones para cumplir con dos sentencias

El Ayuntamiento de Almería en Pleno ha aprobado inicialmente sendas modificaciones presupuestarias por un importe de 5.324.524,76 y 95.000 euros, respectivamente, como parte de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión plenaria ordinaria celebrada por la Corporación Municipal. Junta a estas modificaciones, se han debatido hasta nueve mociones diferentes, presentadas por los cinco grupos municipales con representación en el Consistorio.

Ha sido la propuesta de modificación presupuestaria, por importe de 5,3 millones de euros, la que más debate ha suscitado y el concejal de Economía, Juanjo Alonso, ha justificado la misma “al objeto de habilitar crédito para la cobertura presupuestaria de necesidades sobrevenidas de gasto, con ocasión de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en recursos interpuestos por las mercantiles J.Guiard, S.A. y Sabinal, S.L. respecto de la expropiación de los terrenos llevada a cabo por el Ayuntamiento en su día para la ejecución de las obras de prolongación del Paseo Marítimo”, ha recordado” El importe estimado para la ejecución de ambas sentencias es de algo más de 26 millones de euros.

El edil ha explicado también que “el Ayuntamiento presentó sendos escritos ante la Sala de lo Contenciosos Administrativo del TSJA solicitando la nulidad de las actuaciones. El pasado mes de septiembre la Sala desestimaba la pretendida declaración de nulidad, en su caso referido a la sentencia de la mercantil Sabinal, cuyo importe a abonar es de algo más de 3,6 millones de euros, incluyendo el justiprecio e intereses reclamados. Sin embargo, no consta aún que el TSJA se haya pronunciado respecto de la otra solicitud de nulidad de sentencia, promovida por J.Guiard”.

“Considerando la imposibilidad de hacer frente a la totalidad del gasto que se prevé, se ha examinado la ejecución del estado de gastos del vigente presupuesto al objeto de obtener recursos procedentes de aquellos créditos que no es previsible ejecutar hasta final de ejercicio, siempre y cuando con ello no se ocasionara perturbación alguna en los respectivos servicios”, ha remarcado Alonso.

El responsable municipal de Economía ha rechazado el “alarmismo” generado por la oposición respecto a estas sentencias, contraponiendo, en el caso del grupo municipal socialista, su modelo de gestión económico “que se caracteriza por llevar a las administraciones que gobierna a la bancarrota”, frente a, como sucede en el caso del Partido Popular, “quien cumple con los ciudadanos, los proveedores y dispone de unas cuentas saneadas que permiten hacer frente situaciones como estas sentencias”.

“No se puede achacar negligencia del Ayuntamiento en este procedimiento”, ha recalcado Alonso, defendiendo la profesionalidad y trabajo de “técnicos municipales y de los servicios jurídicos”, recordando que esa labor ha significado, en 2018, que el Ayuntamiento de Almería tuviera “sentencias favorables por importe de más de 42 millones de euros y desfavorables por un importe de solo 117.000 euros”.

Respuesta del PSOE

El concejal socialista Pedro Díaz ha reprochado al Partido Popular la utilización en pleno de la paralización de las obras de ampliación del Paseo Marítimo con fines claramente electoralistas, ante los próximos comicios del próximo domingo.

En ese sentido, ha subrayado que, justo en la misma sesión plenaria en la que ha se ha evidenciado que su “nefasta gestión” en las expropiaciones de los terrenos necesarios va a costar 30 millones de euros a los almerienses para pagar dos sentencias favorables a las empresas propietarias, resulta llamativo que los populares hayan comenzado su moción sobre este tema destacando como un logro “el complejo trabajo, culminado en 2011 por el Ayuntamiento, para obtener el suelo necesario”.

Sea como sea, ha continuado, en julio de 2018 se iniciaban unas obras que se adjudicaron por 1,5 millones y que tuvieron que ser paralizadas meses más tarde como consecuencia de que la empresa adjudicataria abandonara las mismas. “Pero qué curioso es que al Partido Popular se le olvide decir en su argumentario de campaña que eso pasa, principalmente, porque el anterior Gobierno del PP adjudicó las obras con una baja del 37,8% sobre el coste de licitación por el que salieron”, ha remarcado Díaz.

Así las cosas, el edil ha recordado al gobierno municipal que, por parte de Costas, se ha incoado a la empresa un expediente que señala una multa de más de 100.000 euros, que se deducirán del dinero que tendría que cobrar, y se le ha reclamado que reanude los trabajos. Se trata de un paso previo a la posible rescisión del contrato.

Frente a ese contratiempo, que viene de la importante baja con la que el PP adjudicó este proyecto, se suma que el convenio entre la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y el Ayuntamiento de Almería para esta ampliación quedó sometido a la antigua Ley de Contratos del Sector Público. Por ese motivo, ha detallado, “cuando se planteó la resolución del contrato con la empresa adjudicataria, el procedimiento se inició siguiendo esta norma”, pero “la Abogacía del Estado consideró erróneo ese proceso y obligó a iniciar un nuevo procedimiento, ya con la actual normativa contractual relativa a contratación en el sector público”.

Un cambio en la norma que, curiosamente, el propio equipo de gobierno del PP ha utilizado como argumento para supuestas complicaciones en determinados contratos municipales pero que, en su estrategia de confrontación con el Gobierno de España, “no quieren ver” igual en el caso de las obras del Paseo Marítimo.

Por todo ello, y añadiendo que desde el PP son perfectamente conocedores de la situación ya que ha habido “interlocución” entre ambas administraciones, Pedro Díaz ha sentenciado que resulta evidente que “el Gobierno de España está trabajando para darle una solución definitiva al problema de paralización de las obras”.

De ese modo, ha concluido, salvo por fines electoralistas, “no tiene sentido instar al Gobierno - como ha elevado el PP en una petición al pleno ante la que el PSOE se ha abstenido- a agilizar el procedimiento administrativo cuando está actuando como debe, con dictamen previo del Consejo de Estado y requiriendo a la empresa antes de disolver el contrato”.