La moción ha salido adelante con los votos de PP, PSOE y VOX —la concejal Pilar Fenoy ha incluido una enmienda para instar al Gobierno de España y a la Comisión Europea a garantizar reciprocidad real en las importaciones de terceros países (“cláusulas espejo”), exigiendo estándares equivalentes a los que se imponen al productor español y comunitario—.

El texto remarca que el sector de frutas y hortalizas es el principal de la agricultura española, con un valor de más de 20.700 millones de euros y más del 50% del empleo agrario nacional. Sin embargo, el sector del tomate atraviesa una crisis estructural grave. En la última década, la producción española de tomate para consumo en fresco ha caído un 31%, y las exportaciones a la Unión Europea han descendido un 25%. Esta pérdida de peso afecta a todas las zonas productoras, con descensos muy significativos en volumen y valor, especialmente en Almería.

De forma paralela, las importaciones de tomate procedente de Marruecos han aumentado un 269% en el mismo periodo, llegando a superar a España como primer proveedor del mercado comunitario. Esta evolución refleja una pérdida de competitividad del modelo productivo europeo, que además está sometido a mayores exigencias laborales, sociales, medioambientales y fitosanitarias.