07Agosto2020

Está aquí: Almería Información > Actualidad > Economía > El PIB andaluz caerá un 2,1% por cada mes que se mantenga el paro parcial por la crisis del coronavirus

27 Marzo 2020 Escrito por 

El PIB andaluz caerá un 2,1% por cada mes que se mantenga el paro parcial por la crisis del coronavirus

Un informe elaborado por la Junta de Andalucía pone de manifiesto que la situación económica actual debe afrontarse con un plan de actuación sin precedentes. Entidades como Cajamar o la Autoridad Portuaria de Almería ponen en marcha medidas especiales para ayudar a las empresas y el Colegio de Economistas de Almería cree que la reacción del Gobierno en materia económica es insuficiente.

  • La Junta de Andalucía calcula que el PIB andaluz caerá un 2,1% por cada mes de paro parcial de la actividad.
  • Restauración y comercio, actividades más afectadas con un 30,9% de total de trabajadores incluidos en los expedientes ya clasificados.
  • Los economistas almerienses muestran su gran decepción por la poca contundencia de las medidas económicas anunciadas en el Consejo de Ministros.
  • Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos líneas especiales de financiación.
  • La Autoridad Portuaria de Almería ofrece ventajas económicas extraordinarias a las empresas de la Comunidad Portuaria.

El PIB andaluz caerá un 2,1% por cada mes de paro

El Consejo de Gobierno ha aprobado un informe elevado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, que pone de manifiesto que la situación económica actual debe afrontarse con un plan de actuación sin precedentes. Según los cálculos del Ejecutivo andaluz, el Producto Interior Bruto de Andalucía podría caer un 2,1% por cada mes de cierre parcial (situación actual) que se mantenga.

El informe analiza el impacto probable del cierre parcial sobre la actividad económica andaluza en el escenario menos desfavorable (un mes) y en el caso de que se extienda a dos meses. También hace una estimación sobre el peor de los casos posibles, que sería el cierre total salvo de actividades esenciales. En el caso de que el cierre parcial actual se alargue únicamente un mes, la economía andaluza decrecería seis décimas interanuales en 2020, frente al 1,5% previsto teniendo ya en cuenta el impacto de la crisis del coronavirus anterior al decreto de alarma.

Si el cierre parcial se alargara dos meses, el PIB pasaría de una estimación de crecimiento del 1,5% a una caída del 2,7%. En el último escenario contemplado, el cierre total salvo actividades esenciales durante dos meses, el crecimiento económico se podría situar en el -6,1% para el conjunto del año.

En cualquier caso, según el informe, estos datos deben ser tomados con total cautela. La razón principal es que los modelos económicos tienen dificultades para estimar estos efectos dadas las magnitudes asociadas y a la no existencia de experiencia anterior. Además, resulta del todo impredecible la magnitud de la recuperación en el tercer y cuarto trimestre, y que pudieran llegar a compensar en parte los datos de la primera mitad del año.

Ante estas estimaciones, el Gobierno andaluz cree que se pueden y deben realizar todas las acciones necesarias para conseguir que la salida de la crisis económica provocada por el coronavirus sea lo más rápida y satisfactoria posible. Si domina la inacción corremos el riesgo de que la salida se dilate y el coste se amplifique.

La Consejería de Economía sugiere en dicho informe mantener la economía durante el periodo de paro parcial "en coma inducido", si bien se debe actuar con la mayor celeridad para mantener al máximo posible la producción. Para ello es necesario transferir los costes de producción en el tiempo y distribuirlos entre distintos agentes. Para transferir los costes en el tiempo considera adecuada una política de avales, moratoria en los impuestos, posibles créditos fiscales e incluso la financiación de circulante.

Para distribuir entre distintos agentes el coste, el departamento que dirige Rogelio Velasco considera que es necesario que las distintas administraciones asuman ciertos gastos, que luego se trasladarán a mayores déficits, "pero cuya importancia debe pasar en estos momentos a un segundo plano", indica el informe. En este sentido, el cambio en las reglas del juego planteado esta semana por la Comisión y el Banco Central Europeo, con aplicaciones flexibles del pacto de estabilidad, podría permitir estas acciones.

A juicio de la Consejería de Economía, es imperativo que el Gobierno español traslade esa flexibilidad a la regla de gasto y el objetivo del déficit de las comunidades autónomas.

Propuesta al Estado de cuatro bloques de medidas

Dadas las medidas de flexibilización fiscal y política monetaria de la Unión Europea parece que no va a ser un impedimento para la adopción de medidas, la Junta considera que es el Estado el que debe desarrollar gran parte de las mismas, dejando a las comunidades autónomas y corporaciones locales complementar las mismas.

El Gobierno central debe, en primer lugar, facilitar la posible desviación del equilibrio presupuestario. Además, la Junta ha articulado un paquete con cuatro bloques de propuestas. El primero, medidas de carácter financiero y de liquidez. El segundo, actuaciones para el mantenimiento de rentas, la protección social y la orientación presupuestaria. El tercero, medidas para el mantenimiento del empleo. Por último, medidas de refuerzo para la actividad empresarial.

Las medidas de carácter financiero y de liquidez tienen como objetivo mantener con vida al mayor número posible de empresas, principalmente pymes. Además de los avales ya contemplados, desde Andalucía se propone al Gobierno que habilite una línea específica para la obtención de financiación de circulante e inversión para la implementación de soluciones digitales de urgencia que fomenten el teletrabajo y otros procedimientos vinculados a la modernización de las empresas. Como catalizador de dicha línea se sugiere a la Agencia Tributaria (AEAT), que podría aplicar tributación negativa (créditos fiscales) a cambio de un pago futuro con cargo a los diferentes impuestos.

La Junta propone, además, asegurar al sector privado liquidez a través del sector público como comprador de último resorte: el Estado (y las comunidades autónomas) podría convertirse en comprador de último recurso, esto es, adquiriendo todo lo que las empresas dejan de vender, a condición de que mantengan sus pagos a trabajadores, acreedores y proveedores.

Para ello, sería necesario que el Gobierno de España se decidiera a elaborar una lista de bienes y servicios sanitarios esenciales para luchar contra el COVID-19, aprobando un Programa Extraordinario de Contratación que permitiera la compra centralizada de estos bienes y servicios críticos. Con este plan sería posible que las empresas españolas que pudieran hacerlo reorientaran su actividad productiva para proveerlos. En particular, y dada la cercanía al tejido productivo, las CCAA podrían coordinarse en esta materia con el Gobierno Central para gestionar de este modo compras asociadas a las necesidades actuales de suministros sanitarios fomentando de este modo la reorientación del tejido productivo.

Préstamos a hogares y moratoria en pagos de servicios básicos

En cuanto a actuaciones para el mantenimiento de rentas, la protección social y la orientación presupuestaria, la Junta propone una línea de emergencia de préstamos a hogares o acuerdos con las grandes empresas suministradoras de servicios básicos (luz, agua, gas, telecomunicaciones, etc.) para una moratoria en el pago de dichos suministros.

Las medidas para el mantenimiento del empleo incluirían ayudas estatales a la contratación (complementadas con ayudas autonómicas), a la protección de trabajadores despedidos por causa del COVID-19 que no perciben ningún tipo de prestación o subsidio de desempleo, al pago de la tarifa plana de los autónomos o a la actividad de este último colectivo, siempre que mantengan su actividad durante un periodo que se establezca.

Las medidas de refuerzo para la actividad empresarial supondrían reforzar los servicios que se prestan desde entidades como Extenda, de cara al reforzamiento de la internacionalización, o nuevas ayudas para la modernización y transformación digital de las empresas.

Impacto de los ERTE en Andalucía

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha presentado al Consejo de Gobierno de la Junta un informe sobre el impacto de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) motivados por el Covid-19, en el que ha avanzado que todos los recursos humanos del departamento están a disposición de la autoridad laboral para afrontar el alto volumen de gestión generado por el estado de alarma.

Tras las medidas aprobadas por el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, las empresas con actividades que están siendo afectadas por el estado de alarma pueden acogerse a un ERTE y quedan exoneradas del abono de las cuotas empresariales, así como de las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, siempre que la empresa tenga menos de 50 trabajadores, o del 75% si tiene 50 empleados o más en plantilla.

Por su parte, los trabajadores afectados por las regulaciones temporales de empleo pueden acogerse durante el periodo a prestaciones por desempleo, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo, y sin que compute este cobro a los efectos de consumir los períodos máximos de prestación legalmente establecidos. Igualmente, el periodo de suspensión computa como periodo cotizado a la Seguridad Social.

La Junta ha aconsejado acogerse a estas medidas excepcionales como mejor fórmula para afrontar la paralización temporal de la actividad, ya que otros ajustes laborales implican mayores costes tanto para las empresas como para los trabajadores.

Actividades más afectadas

Hasta el momento, la Consejería de Empleo ha clasificado del total de expedientes recibidos 29.303 solicitudes de ERTE que afectan a 145.964 trabajadores, siendo las provincias con mayor volumen de expedientes Málaga (7.132); seguida de Sevilla (6.168); Cádiz (4.122); Granada (3.596); Córdoba (2.389); Almería (2,388); Jaén (1.962); y Huelva (1.546).

Por número de trabajadores afectados, encabeza la lista provincial nuevamente Málaga (36.901), seguida de Sevilla (33.459); Cádiz (19.323); Granada (17.955); Córdoba (12.048); Almería (11.026); Jaén (8.445); y Huelva (6.771).

Por actividades, los establecimientos de bebidas (16,13% del total de las solicitudes clasificadas) y los restaurantes y puestos de comida (14,33) son las que presentan mayor volumen de ERTE solicitados, seguidas de hoteles y alojamientos similares (4,4%); del comercio al por menor en establecimientos especializados (3,66%) y en artículos de uso doméstico (3,21%).

Otras ramas que han presentado un mayor número de expedientes son las actividades deportivas (2,67%); venta de vehículos a motor (2,62%); actividades médicas y odontológicas (2,52%) o mantenimiento y reparación de vehículos a motor educación (2,2%).

En cuanto a los empleos afectados por sectores, la consejera de Empleo, Rocío Blanco ha explicado que, de los expedientes clasificados, los que mayor número de empleados contemplan corresponden a establecimientos de bebidas (20% del total de los trabajadores), restaurantes y puestos de comida (10,7%), comercio al por menor en establecimientos especializados (6,87%) y en establecimientos no especializados (2,1%), actividades médicas y odontológicas (3,5%), mantenimiento y reparación de vehículos (3%).

Dispositivo

Para afrontar las repercusiones que el Covid-19 está teniendo en el ámbito laboral, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha redefinido los procedimientos para simplificar al máximo la presentación, a través de una plataforma 'online', de las solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

Gracias a esta plataforma simplificada, las solicitudes se cumplimentan en un formulario tipo que se puede presentar con o sin certificado digital. La documentación que es necesaria adjuntar queda recogida en una sencilla guía accesible desde la web, y consiste básicamente en documentación que acredite la actividad de la empresa, inscripción a la Seguridad Social del Código de Cuenta de Cotización (CCC) de los trabajadores afectados, memoria justificativa de la causa alegada (solo si la actividad de la empresa no está incluida entre las suspendidas por el Real Decreto), copia de la comunicación a la representación de trabajadores, relación nominal de todos los trabajadores afectados, y acreditación de la Autoridad Sanitaria (en el caso de aislamiento o contagio de la plantilla decretado por la Autoridad Sanitaria).

Una vez admitida la solicitud que se presente por esta vía, la Autoridad Laboral puede pedir informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se emite en el plazo de cinco días. El silencio administrativo es positivo.

En total, se han recibido hasta hoy 45.000 expedientes con una media de cinco trabajadores por expediente.

Economistas de Almería, decepcionados con las medidas del Gobierno

El Colegio Profesional de Economistas de Almería comparte, y hace suyas, las consideraciones expresadas por el Consejo General de Economistas de España. Tras el Consejo de Ministros celebrado el martes, los economistas muestran su gran decepción por la poca contundencia de las medidas económicas que se anunciaron, y especialmente por no atender a la razonable petición de ampliar los plazos de presentación de las autoliquidaciones tributarias y de las declaraciones informativas.

El Colegio Profesional de Economistas de Almería, comparte lo expresado por el Consejo General, en el sentido de que  “los acuerdos del Consejo de Ministros pueden interpretarse como una falta de sensibilidad del Ejecutivo con empresas y profesionales, a quienes parece querer negar herramientas de fácil implementación y bajo coste que podrían ser de gran ayuda para garantizar su supervivencia, facilitándoles liquidez con algo tan sencillo como ampliar los plazos de presentación de las autoliquidaciones tributarias y de los pagos de las cuotas de la Seguridad Social; lo que sería especialmente importante para aquellos que, a duras penas, están intentado mantener la actividad –máxime con la extensión del estado de alarma 15 días más–, y a los que podría parecer que están dejando en una situación de desamparo”.

Los economistas quieren dejar claro que no piden reducción ni condonación de los tributos, esenciales para el normal funcionamiento de un Estado de Derecho. Su petición se centra en el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones tributarias durante el periodo de emergencia sanitaria, en defensa de la salud de las empresas, sus trabajadores, profesionales y ciudadanos, en general.  El mantenimiento de los plazos de las declaraciones y autodeclaraciones tributarias supone quebrantar, sin necesidad, las medidas de confinamiento acordadas, y suponen un grave e innecesario riesgo para la salud pública.

Desde el Consejo General de Economistas, corporación en la que se encuadran profesionales que están muy cerca de la empresa en el asesoramiento financiero, mercantil, laboral, concursal o fiscal, comprueban estos días la preocupación y el pesimismo que los profesionales transmiten, no solo por ellos sino, sobre todo, por los problemas que se agolpan alrededor de ese tejido empresarial. En unos casos, se ha producido el cierre de sus negocios, en otros, es difícil o imposible cobrar las facturas y realizar ventas, y todos advierten un futuro dificilísimo, incluso después de que la pesadilla del Covid-19 cese.

Resultaría irresponsable jugar con la salud de tantos profesionales y sus trabajadores cuando la propia administración tiene cerrada sus instalaciones para proteger a los funcionarios. De la misma manera que los profesionales que cuidan de la salud de los ciudadanos son dignos de la mayor protección y reconocimiento (al que nos sumamos), los economistas, como profesionales que cuidamos de la salud económica de las empresas, también deberíamos merecer un nivel de protección adecuada.

Por eso, aun reconociendo algunas tímidas medidas de alivio (como la flexibilización de ERTEs, las relacionadas con las cuotas de autónomos, las facilidades para aplazar autoliquidaciones tributarias de las pymes que resulten a ingresar o la ampliación de determinados plazos tributarios), entendemos que, dada las circunstancias actuales y el acelerado deterioro del tejido productivo, estas medidas resultan a todas luces insuficientes.

Líneas especiales de financiación de Cajamar

La banca cooperativa Cajamar pone a disposición de empresas, pymes y autónomos líneas especiales de financiación para que puedan responder a pagos pendientes a proveedores, organismos públicos y empleados, entre otros, derivados de las circunstancias actuales. Estas líneas además adaptan las condiciones de liquidación a las necesidades del cliente, ofreciendo una carencia de hasta 6 meses sin coste y con un plazo máximo de amortización de 5 años para amortiguar shocks de liquidez.

Las empresas, pymes y autónomos podrán solicitar el importe que necesiten para sus pagos de nóminas, mercancía, impuestos, así como para atender sus necesidades de crédito, factoring, confirming, línea de descuento y circulante en general, entre otras.

Los gestores de Cajamar están a disposición de empresas y autónomos, por vía telefónica y por nuestros servicios de gestión remota: banca electrónica, app móvil, en los que pueden operar e intercambiar información y ficheros de forma segura e inmediata a través del canal ‘Conecta con mi gestor’ para así evitar desplazamientos a las oficinas y salvaguardar la salud de nuestros profesionales y clientes.

Estas líneas se unen a la financiación en apoyo a pymes y autónomos ante la crisis del COVID-19 anunciada días pasados por Grupo Cajamar, así como a la línea ICO para autónomos y empresas del sector turístico; a ampliaciones del plazo para devolución de préstamos a corto plazo y soluciones de financiación puente; a la eliminación y reducción de comisiones de Terminales Táctiles Punto de Venta (TPVs); a la moratoria hipotecaria; al adelanto de las pensiones Seguridad Social y de Instituto Social de la Marina, y a la emisión de tarjetas sin comisión, entre otras. Todas ellas con la finalidad de apoyar a empresas, autónomos, familias y mayores ante esta crisis.

Grupo Cajamar recomienda a sus clientes quedarse en casa y usar para sus consultas y transacciones canales remotos, ya sea banca electrónica, app o banca telefónica, puesto que a través de ellos pueden realizar casi la totalidad de sus gestiones, especialmente aquellas más comunes y recurrentes. No obstante, en cumplimiento del estado de alarma decretado por el Gobierno, mantiene en servicio sus oficias y cajeros para atender los casos estrictamente necesarios, y ello con las medidas de seguridad establecidas para velar por la seguridad de sus empleados y clientes.

Medidas extraordinarias de la Autoridad Portuaria de Almería

La Autoridad Portuaria de Almería, con el fin de garantizar la liquidez económica y la continuidad de la actividad de las empresas y operadores de los puertos de la capital y Carboneras, ha adoptado una serie de medidas extraordinarias y transitorias tendentes a reducir en lo posible los perjuicios económicos que puedan sufrir las empresas de Comunidad Portuaria como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Estas medidas las ha tomado la APA de acuerdo con lo dispuesto en el decreto del Gobierno de España, del 14 de marzo, -por el que se declaró el estado de alarma-, así como por los decretos del 12 y el 17 de marzo -sobre medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19-, y de las recomendaciones de actuación de Puertos del Estado.

La APA ha decidido conceder el aplazamiento de seis meses en el ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones de tasas portuarias, cuyo plazo de presentación e ingreso vaya desde el 13 de marzo de 2020 -fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2020-, hasta que esté vigente la situación de emergencia, y siempre que el volumen de operaciones en el año 2019 no sea superior a los 6.010.121,04 de euros. Durante los tres primeros meses del aplazamiento no se devengarán intereses de demora.

La Autoridad Portuaria ha acordado también ampliar hasta el próximo 30 de abril los plazos de pago de la deuda tributaria, siempre que dichos plazos no hayan concluido el 18 de marzo pasado, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto-Ley 8/2020.

Por lo que se refiere a la emisión de liquidaciones, la APA –dentro del límite legal establecido- intentará apurar los plazos máximos de emisión de tasas portuarias. Asimismo, con el fin de facilitar liquidez a sus proveedores, la APA va a intentar reducir dentro de lo posible el plazo del pago de las facturas.

En la página web de la Autoridad Portuaria de Almería (apalmeria.com) se ofrece información más detallada acerca de este paquete de medidas económicas extraordinarias.