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31 Marzo 2020 Escrito por 

Andalucía diseña un plan para recuperar el turismo tras la crisis del Covid-19

Andalucía se prepara para recuperar la economía cuando finalice la crisis por el coronavirus. Así, ha puesto en marcha un plan para impulsar el turismo, ha agilizado la tramitación de los incentivos para desarrollo industrial de IDEA y ha aprobado medidas sobre renta mínima y ayudas al alquiler. En Almería, la Diputación acelera el pago a las pymes por servicios prestados.

  • Turismo diseña un plan para recuperar la fuerza del destino Andalucía tras la crisis del Covid-19.
  • Economía agiliza la tramitación de los incentivos al desarrollo industrial de IDEA para minimizar los efectos del coronavirus
  • La Junta aprueba medidas extraordinarias para acelerar la renta mínima y las ayudas al alquiler.
  • La Diputación de Almería acelera el pago de 5,5 millones de euros a pymes por los servicios prestados.

Plan de Turismo para cuando acabe la crisis del coronavirus

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha presentado un informe al Consejo de Gobierno sobre la posible evolución del turismo en la comunidad para el año 2020, a partir del cierre de mercados y parón de la actividad provocada por la pandemia del coronavirus y el nuevo plan de acción que se ha diseñado para recuperar cuanto antes la fortaleza del destino.

La Consejería de Turismo ha elaborado tres escenarios posibles con la precaución que conlleva cualquier estudio en unas circunstancias de enorme incertidumbre ante una situación sin precedentes.

El primer análisis plantea una rápida recuperación en el momento en el que se permita, de nuevo, la libre circulación de personas por motivos de ocio hasta llegar a niveles anteriores en un breve periodo de tiempo. La estimación en este escenario cifra la llegada de turistas en 23,1 millones (9,3 millones menos que en 2019), lo que implicaría un descenso del 28,8% respecto al año pasado. Supondría volver a niveles similares de 2013 y 2014.

En este contexto, la menor actividad turística implicaría un retroceso de los ingresos de 6.700 millones de euros y la puesta en riesgo de 69.000 empleos en el sector.

En un escenario intermedio, los estudios de la Consejería dibujan una recuperación temprana del mercado nacional y una activación del internacional bajo las mismas pautas registradas en otros destinos turísticos tras el episodio de crisis sanitaria del Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS) en Asia en 2003. Con este pronóstico, la estimación es que en 2020 lleguen a Andalucía 18,6 millones de turistas (13,9 millones menos que en 2019), lo que supondría un descenso del 42,8% respecto al año pasado.

Este retroceso, como consecuencia de la pandemia por coronavirus, implicaría una pérdida en los ingresos por turismo de 10.000 millones de euros. Un freno que en el sector pondría en riesgo unos 103.000 puestos de trabajo.

El escenario más negativo plantea una recuperación tanto del mercado nacional como del internacional al mismo ritmo que en el episodio del SARS en 2003. Bajo este análisis, la estimación en llegada de turistas para 2020 sería de 14 millones (18,47 menos que en 2019), casi un 60% menos que el pasado año. El retroceso de la actividad implicaría 13.300 millones de euros menos de ingresos y la puesta en riesgo de 137.000 empleos en el sector.

La Consejería de Turismo ha rediseñado su Plan de Acción 2020 para poder abordar un plan de choque contra la crisis del coronavirus. El gran objetivo es alcanzar los mayores impactos posibles en los mercados objetivos con la intención de ayudar a reactivar la actividad turística andaluza, apoyando de esta manera a las miles de empresas turísticas existentes en Andalucía y por lo tanto, a los miles de empleados de este tejido empresarial, formado mayoritariamente por pymes y micropymes.

Otro objetivo, especialmente importante desde el punto de vista del marketing turístico, es el de volver a posicionar la marca Andalucía en los distintos mercados emisores, situando a la región como un lugar preferido y prioritario respecto a sus competidores. En definitiva, volver a implementar medidas de marketing de destino, que ayuden a mejorar el posicionamiento, conocimiento y fortaleza del destino Andalucía en el imaginario de los potenciales turistas de los principales mercados emisores.

Por otra parte, Andalucía Lab, el centro de innovación turística de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una serie de iniciativas para dar continuidad a su oferta de consultoría y formación a empresas y profesionales del sector durante este periodo de inactividad turística. En la actualidad ya se han recibido más de mil solicitudes para participar en estas actividades de manera telemática, que tienen lugar entre el 23 de marzo y el 30 de abril.

Por último, el consejero de Turismo ha dado a conocer en el Consejo de Gobierno el listado de 119 establecimientos ofrecidos por la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos para ser reutilizados como hospitales, en caso de que fuera necesario. Por provincias son ocho en Almería, 18 en Cádiz, 10 en Córdoba, cuatro en Granada, dos en Huelva, siete en Jaén, 14 en Málaga y 56 en Sevilla.

A estos establecimientos, se suman los 48 que se han ofrecido para alojar a personal de primera necesidad o a personas que necesiten desplazarse para el cuidado de personas mayores, niños o dependientes.

Incentivos al desarrollo industrial de IDEA

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha simplificado trámites y reducido requisitos administrativos injustificados del Programa de subvenciones para el Desarrollo industrial, la Mejora de la competitividad, la Transformación digital y la Creación de empleo en Andalucía 2017-2020, gestionado por la nueva Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de esta medida con la que se pretende facilitar el acceso de los emprendedores a la actividad productiva y favorecer el desarrollo de proyectos empresariales en un contexto económico muy afectado por la incidencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19.

Esta decisión encaminada a racionalizar y agilizar la tramitación de dicha línea de financiación pública se suma a la reciente ampliación de su presupuesto con nueve millones adicionales acordada por el Consejo de Gobierno con el fin de facilitar el teletrabajo en el periodo de cuarentena.

Las modificaciones introducidas en la orden reguladora del programa afectan, fundamentalmente, a la obligación que tiene la empresa de demostrar su capacidad económica-financiera para afrontar el proyecto de inversión planteado en la solicitud. A partir de ahora sólo se solicitará la documentación acreditativa de dicha solvencia en la fase de análisis del proyecto, antes de la resolución de la ayuda. Previamente, esa información se exigía, además de en esa ocasión, también en la fase de justificación de la actuación que había realizado la empresa, justo al final del procedimiento. Incluso, en ambos casos, se pedía que el estado contable de la entidad empresarial fuera el mismo, lo que podía llegar a ser un impedimento para el pago de los incentivos públicos, teniendo en cuenta que, en la legislatura anterior, los procesos de tramitación y concesión se ralentizaron considerablemente.

Otra de las novedades introducidas hace alusión a la deslocalización. Así, la empresa deberá presentar una declaración responsable de que no ha efectuado el traslado de su actividad industrial hacia la ubicación en la que tendrá lugar la actuación prevista en los dos años anteriores a la solicitud. Además, deberá comprometerse a no hacerlo en los dos años siguientes desde que se haya completado la inversión para la que pidió las ayudas.

Igualmente, se excepciona de la condición general de no encontrarse en situación de crisis para optar a los incentivos a las pequeñas empresas de nueva creación. Hasta ahora, ese requisito se exigía para todas las empresas, de acuerdo con lo establecido por la  normativa de la Comisión Europea. Con la modificación, quedan exentas las entidades que reúnan las siguientes características: una antigüedad no superior a cinco años, no superar los 50 trabajadores, poseer unos activos inferiores a 43 millones de euros y unas ventas inferiores a 50 millones. Además, tendrán que estar debidamente registradas e inscritas, no haber repartido beneficios y no haber formado parte de un proceso de concentración con otras pequeñas empresas.

Igualmente, la orden modificada también elimina la obligación de estampillado de los documentos originales justificantes de los gastos.

Esta reducción de trabas administrativas favorece la rapidez de respuesta de la Administración, a la vez que garantiza la protección de los intereses generales, puesto que contiene la regulación imprescindible, de acuerdo con el resto del ordenamiento jurídico.  

La medida está en consonancia con los objetivos marcados por el Plan para la Mejora de la Regulación Económica impulsado por el consejero Rogelio Velasco en esta legislatura, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la intervención pública en la economía para promover el crecimiento, a través de la inversión productiva y la creación de empleo. Este plan ya está teniendo sus resultados: el primero de ello fue la aprobación a finales de 2019 de una batería normativa para favorecer la tramitación de los proyectos estratégicos en la comunidad. Esa iniciativa se ha completado con la aprobación reciente de una reforma legal de calado, puesto que agiliza 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas.

Más recursos para paliar el coronavirus

El Programa de Desarrollo industrial constituye el principal instrumento de apoyo al progreso empresarial y cuenta actualmente con un presupuesto de 174 millones -cofinanciados con Fondos FEDER-, después de que el Consejo de Gobierno aprobara su ampliación con nueve millones en el marco del paquete de medidas impulsadas para paliar los efectos del coronavirus. Ese incremento de dotación persigue facilitar que las pequeñas y medianas empresas se doten de los medios técnicos necesarios que posibiliten el trabajo no presencial de su personal.

En ese conjunto de medidas presentado por el Gobierno andaluz, también se ha aprobado una línea de avales de 20 millones de euros, gestionada por la nueva Agencia IDEA y con la que se garantizará hasta el 80% de las cuantías de los préstamos solicitados por pymes, micropymes y autonómos. Con ello se busca paliar la falta de liquidez a consecuencia de la situación económica derivada del periodo de cuarentena.

Balance del Programa de Desarrollo Industrial

La simplificación de esta línea de incentivos es otro paso más en el proceso de reestructuración y reactivación de la nueva Agencia, una intervención que ha posibilitado duplicar el ritmo de tramitación de las ayudas europeas gestionadas por dicho ente y dirigidas al desarrollo empresarial. Así, a través de este programa se han aprobado y calificado positivamente 1.031 proyectos, lo que supone la concesión de 90,9 millones en ayudas, la generación de una inversión empresarial que supera los 285,5 millones y la creación y mantenimiento de 14.226 empleos.

Las cifras alcanzadas por esta línea de subvenciones implican que por cada euro público se facilitan más de tres euros de inversión privada. IDEA ha duplicado su ritmo de tramitación, pasando a gestionar una media de 100 proyectos mensuales frente a los 54 de la etapa anterior; y pasando a aprobar una media de 40 proyectos al mes frente a los 21 anteriores, lo que implica 2,1 millones de euros mensuales en incentivos, frente al millón de la legislatura anterior.

Al margen de este programa, IDEA también ha marcado un nuevo impulso al dedicado a la Investigación industrial, Desarrollo experimental e Innovación empresarial en Andalucía (I+D+i empresarial). A través de esta línea, se han aprobado 96 iniciativas, con una subvención propuesta de 16,2 millones y una inversión privada inducida de más de 68,5 millones. La nueva Agencia lanzará próximamente nuevas convocatorias de subvenciones acogidas a este instrumento que contarán con un presupuesto de 84 millones.

Renta mínima y ayudas al alquiler

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el Covid-19, unas medidas que engloban a cinco consejerías, en concreto, las de Presidencia, Administración Pública e Interior; de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad; de Educación y Deporte; de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

En el caso de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se ha autorizado que se acelere la resolución de expedientes de Renta Mínima de Inserción Social para dar respuesta inmediata a las situaciones de vulnerabilidad producidas como consecuencia de la evolución del coronavirus en Andalucía.

En primer lugar, se procederá a dictar resolución de concesión, dando por cumplidos todos los requisitos y estableciendo la cuantía en función de la composición de la unidad familiar, de todas las solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social en situación de urgencia o emergencia social ya presentadas, siempre que cuenten con el correspondiente Anexo V del Decreto Ley que regula esta prestación, acompañado de informe social.

Además, se procederá a dictar resolución, dando por cumplidos todos los requisitos y estableciendo la cuantía en función de la composición de la unidad familiar, de concesión de las solicitudes de ampliación de esta prestación. Por último, todas las prestaciones cuyo vencimiento se produzca durante el tiempo en que se mantenga el estado de alarma se prorrogarán de forma automática, considerándose como anticipo a cuenta de la renta y quedando supeditadas a la posterior revisión.

Esto va a permitir a la Junta de Andalucía responder con mayor agilidad ante el agravamiento de las situaciones de vulnerabilidad de las personas o unidades familiares solicitantes de la Renta Mínima, para que se puedan beneficiar lo antes posible de la concesión de estas prestaciones económicas.

Estas medidas tendrán vigencia mientras se mantenga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Estas medidas extraordinarias vienen a complementar a las ya puestas en marcha dentro del plan de choque de la Consejería de Igualdad, como el refuerzo de 1.260 profesionales en los servicios sociales comunitarios; la potenciación de la tramitación electrónica para mejorar los procesos internos de gestión; la automatización de la validación de requisitos y las fases del procedimiento; o la puesta en servicio de un simulador 'online' que permite consultar si se cumplen los requisitos para recibir la prestación.

Además, la Junta de Andalucía está trabajando en la modificación de la normativa que regula la Renta Mínima, teniendo como base las conclusiones de la evaluación del primer año de ejecución del Decreto Ley que regula la Renta Mínima, realizada en colaboración con la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación destina este año más de 142 millones de euros a esta prestación, de los cuales, más de 134 millones son para la concesión de ayudas a las familias; 7 millones para contratar 465 efectivos para mantener el refuerzo de los servicios sociales comunitarios y 321.000 euros para desarrollar avances informáticos.

Pago urgente de ayudas al alquiler

Por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, se incluye la agilización del abono de las ayudas al alquiler de vivienda. Con esta medida se podrán abonar durante el presente año unos 48 millones de euros, dando respuesta a las familias, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad que solicitaron la ayuda y que no deben verse afectadas por la suspensión de los plazos administrativos como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Estas ayudas convocadas mediante la Orden de 30 de octubre de 2018 tienen un presupuesto de 57.143.793 euros para tres anualidades, 2018, 2019 y 2020, de los que se han emitido resoluciones favorables por 16.136.822 euros, lo que supone un 30,28% del crédito total de la convocatoria.

No obstante, sólo se habían podido abonar 9.184.495 euros por los escollos encontrados en la tramitación, como el alto porcentaje de las solicitudes que necesitan ser subsanadas, por no haber aportado la documentación necesaria. Por otra parte, al tratarse de un procedimiento en concurrencia no competitiva, es necesario que los requerimientos y notificaciones se efectúen individualmente, circunstancias que provocan un significativo retraso en la tramitación de las ayudas.

Con el nuevo decreto ley, se estima necesario para agilizar los procedimientos que la notificación de los actos administrativos se realice de manera conjunta, mediante su publicación en el BOJA y en la página web de la Consejería, dando aviso a las personas interesadas vía telefónica o por correo electrónico.

Esta medida beneficiará a unas 17.000 familias, o lo que es lo mismo, unas 50.000 personas. Con estas ayudas se subvenciona el 40% de la renta a inquilinos con ingresos limitados y el 50% a personas que hayan cumplido 65 años (ambas ayudas con un complemento de hasta el 75% en el supuesto de que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad).

En el caso de jóvenes menores de 35 años tienen derecho a una subvención del 50% del alquiler, que no puede superar 600 euros al mes. Con carácter general, el límite de ingresos para obtener la ayuda es de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Ampliación de la garantía alimentaria

La Consejería de Educación y Deporte ha ampliado la garantía alimentaria al alumnado escolarizado en centros docentes privados sostenidos con fondos públicos con planes de compensación educativa durante el periodo de crisis provocado por el Covid-19. Esta medida, también incluida en el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Gobierno, beneficiará a 1.861 escolares en riesgo de exclusión social que utilizan el servicio de comedor de 19 centros concertados.

Para las subvenciones concedidas por la Consejería de Educación y Deporte en régimen de concurrencia competitiva a estos centros para facilitar la permanencia en el sistema educativo de los alumnos escolarizados, mediante la prestación del servicio de comedor escolar, no se considerará causa legal de incumplimiento y no dará lugar a modificación de las correspondientes resoluciones de concesión de subvenciones el hecho de que el servicio de comedor escolar no se preste en el propio centro docente.

Esta actuación estará condicionada a que el centro suministre los alimentos al alumnado beneficiario de la prestación del comedor escolar para su consumo fuera del centro, bien mediante servicio de catering o bien con medios propios.

La Consejería de Educación y Deporte ha ampliado también el número de alumnos beneficiarios del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil que garantiza las tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y merienda) a alumnos de Infantil y Primaria de centros públicos tras los nuevos informes emitidos por los servicios comunitarios en el marco de la crisis del Covid-19. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de esta ampliación del servicio, que pasa de 18.000 a 19.000 escolares en riesgo de exclusión social.

La Consejería, en coordinación con los ayuntamientos y las empresas responsables de la distribución de los menús, ya ha iniciado el reparto de comida por los distintos municipios a los alumnos acogidos a este programa.

El reparto de estos alimentos se realiza dos veces en semana en las dependencias municipales puestas a disposición para ello por las corporaciones locales. Las familias reciben los packs de desayuno y merienda que ya se les venía entregando a este alumnado antes del cierre de los centros, además de barquetas con el almuerzo. De esta forma, tendrán garantizadas tres comidas diarias durante toda la semana. El programa de Refuerzo de Alimentación Infantil está coordinado por las consejerías de Educación y Deporte y de Salud y Familias.

Tras los dictámenes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a la Consejería de Educación y Deporte le corresponde la tarea de atender a estos alumnos aprovechando la red de comedores escolares existente durante el curso escolar. La Agencia Pública Andaluza de Educación se encarga, para ello, de la contratación y seguimiento de los servicios de las empresas de restauración encargadas de elaborar y entregar las comidas.

Ampliación de plazos para justificar subvenciones de IDEA

En el ámbito económico, el Consejo de Gobierno ha aprobado la ampliación de los plazos para que puedan justificar sus inversiones y el mantenimiento de empleo las empresas beneficiarias de subvenciones de los programas de desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, así como la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial gestionados por la Agencia IDEA.

Las empresas beneficiarias de las ayudas para desarrollo industrial que se hayan visto obligadas a efectuar un ERTE a causa del estado de alarma declarado para gestionar la crisis sanitaria causada por el Covid-19, contarán con un plazo adicional de 18 meses para justificar las condiciones de creación y/o mantenimiento de empleo a las que les obligue su resolución de concesión de la ayuda. Dicho plazo adicional computará a partir de la terminación de los plazos que se establecen en estas resoluciones.

Además, las empresas que presenten solicitudes a la convocatoria de ayudas al desarrollo industrial a partir de la fecha de entrada en vigor de estas medidas podrán acreditar el cumplimiento de requisitos de creación de empleo que se determinen en la resolución de concesión hasta el 31 de diciembre de 2022.

Por otra parte, tanto las empresas beneficiarias de ayudas para desarrollo industrial como las beneficiarias del programa de apoyo a la I+D+i, podrán solicitar, a partir de la fecha de entrada en vigor de estas medidas, la ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas y del plazo de justificación de las ayudas, si estos plazos venciesen en el presente año. La ampliación del plazo de ejecución no podrá superar los 15 meses.

También se recoge en el decreto, el desarrollo normativo de la línea de garantías de créditos concedidos por entidades financieras para circulante en favor de las pequeñas y medianas empresas y autónomos andaluces, presupuestada con 20 millones de euros con cargo a la línea 'Andalucía, financiación empresarial' del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, gestionado a través de IDEA.

Estos avales se destinarán a garantizar préstamos o créditos con un importe mínimo de 5.000 euros y un máximo del 25% de la facturación del solicitante, correspondiente al ejercicio 2019, con un límite de 300.000 euros. Los préstamos o créditos tendrán una duración mínima de seis meses y máxima de 36 meses, pudiendo la entidad colaboradora aprobar plazos o periodos de carencia.

Agilización de contrataciones en la Administración

Por parte de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, se ha aprobado la agilización de las contrataciones para hacer frente a la pandemia y al desarrollo de las medidas de apoyo aprobadas por el Consejo de Gobierno. La evolución de la emergencia sanitaria ha colocado en situación crítica determinados servicios públicos esenciales que precisan de una atención ineludible e inaplazable, y se hace necesario reforzar las medidas que hagan frente a esta situación y aseguren la necesaria presencia de personal en los centros que los prestan.

Por ese motivo, se modifica el artículo 13 del Decreto Ley 3/2020, de 16 de marzo, tanto para contemplar fórmulas adicionales de selección de personal funcionario interino y laboral temporal, así como en la agilización del procedimiento de nombramiento o contratación, posponiendo determinados trámites que en esta situación extraordinaria y excepcional pueden llegar a ocasionar retraso en la cobertura inmediata de los puestos de trabajo.

En este sentido, se señala que, cuando no resultase posible la selección de personal entre quienes figuren incluidos como disponibles en las diferentes bolsas de aspirantes a nombramientos de personal funcionario interino, la selección se realizará dentro de la bolsa que por cada cuerpo, especialidad u opción existe, integrada por el personal que ha cesado como funcionario interino, en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del presente decreto ley.

En el caso del personal laboral, se efectuará en las bolsas complementarias creadas por Acuerdo de la Comisión del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de 2014, y, a continuación, en las listas de sustituciones que se encuentren vigentes en cada ámbito provincial.

El decreto acuerda que, mientras dure la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19, con las personas que hayan presentado solicitud de participación en el procedimiento de selección previsto en este apartado, se conformará una bolsa a la que se acudirá si vuelve a surgir la necesidad para la cobertura de puestos en la misma localidad del cuerpo, especialidad u opción, en el caso del personal funcionario, o de la categoría profesional, en el caso del personal laboral.

Mesas de coordinación para situaciones de extrema vulnerabilidad

De otro lado, también se ha incluido en el decreto ley la creación en el seno de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Mesa autonómica de Coordinación ante Situaciones de Extrema Vulnerabilidad Social, ante la crisis ocasionada por el Covid-19. También se creará también una Mesa provincial de coordinación en cada una de las delegaciones territoriales de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Serán destinatarias de estas medidas de coordinación las situaciones grupales o colectivas de personas en extrema vulnerabilidad constatadas por los servicios sociales comunitarios o por entidades integradas en la Mesa del Tercer sector, que no hayan podido ser resueltas en sus respectivos ámbitos. Se sumarán aquellas que requieran de una actuación inmediata que, en el caso de no contar con una intervención, podrían sufrir un grave deterioro o agravamiento en su estado de vulnerabilidad y desprotección, con especial atención al colectivo sin hogar.

Los recursos que pueden ser destinados para atender las situaciones de extrema vulnerabilidad social que se planteen son los disponibles tanto por las administraciones públicas como por las entidades integradas en la Mesa del Tercer sector.

De forma específica se podrá contar con recursos como los centros residenciales (centros de acogida, viviendas tuteladas, albergues para personas trabajadoras temporeras); la Red de Albergues juveniles gestionados por Inturjoven; residencias de estudiantes y residencias de tiempo libre; o alojamientos turísticos que hayan sido declarados servicios esenciales por el órgano competente.

También figurarán instalaciones deportivas o de índole similar siempre que puedan ofrecer los servicios de pernoctación, salas de estancia diurna, atención social, atención sanitaria, alimentación, higiene personal y de ropa y enseres, previsión de actividades individuales de ocupación del tiempo en confinamiento prolongado, así como aislamiento y cuarentena de los casos de personas afectadas que revisten menor gravedad.

La Diputación paga 5,5 millones a pymes

La Diputación Provincial de Almería está apoyando a las empresas y pymes acortando los plazos de pago de los servicios prestados para que puedan garantizar su funcionamiento y el empleo a pesar de la crisis del COVID-19. La Institución Provincial ha pagado 5,5 millones de euros a sus empresas proveedoras inyectando liquidez para que puedan seguir ofreciendo sus servicios a los almerienses.

El diputado de Hacienda, Álvaro Izquierdo, ha resaltado el compromiso adquirido por el presidente, Javier A. García, de agilizar los trámites administrativos de la Institución Provincial y, gracias al teletrabajo, se ha conseguido. En este sentido, ha agradecido a los profesionales del Área su implicación y su rápida adaptación al sistema de teletrabajo para hacer posible en dos semanas el pago de más de medio millar de servicios presentados por la plataforma electrónica.

“El teletrabajo ha facilitado que nuestra Área esté funcionando a pleno rendimiento y que los empresarios hayan visto garantizado en un tiempo record el cobro de sus servicios. Dijimos que íbamos a estar al lado de los almerienses y lo estamos haciendo con medidas que garanticen el bienestar, el empleo y la economía de las empresas”, ha detallado.

En este sentido, Izquierdo ha precisado que estos 5,5 millones de euros han supuesto una inyección económica para 201 empresas que podrán asumir el pago de nóminas y gastos de funcionamiento. “Los proveedores de la Diputación tienen garantizada la prestación de sus servicios y el cobro de los mismos. El sistema de facturación electrónica de Diputación nos ha permitido ir por delante y afrontar esta situación que ha generado el coronavirus de forma telemática”.

Moratoria en los impuestos municipales

Del mismo modo, la Diputación Provincial ha impulsado otra medida para apoyar a todos los contribuyentes de los municipios que tienen delegada la gestión recaudatoria. Se trata de la suspensión de todos los plazos en el pago de tributos con una moratoria hasta que acabe el Estado de Alarma a causa el COVID-19. “Estos días no van a contabilizar como plazo de pago o vencimiento de ningún recibo municipal o provincial y los que tengan aplazado el pago podrán retrasar un mes sus recibos”, ha añadido.

Además, esta medida también va a beneficiar a las empresas, especialmente las pymes, ya que podrán aligerar los problemas de tesorería priorizando el pago pago de nóminas y proveedores, etc. “Lo primordial es que puedan afrontar sus gastos básicos y de mantenimiento y las tasas e impuestos municipales podrán pagarse una vez que acabe esta crisis”.

Ventanilla Única

La Ventanilla Única de Información al Público está abierta de 9 a 14.00 horas a través del teléfono 950 21 11 00 y el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

Además, para facilitar los trámites telemáticos a todos los almerienses el Palacio Provincial mantendrá abierto de 9 a 11.00 horas el servicio presencial para la gestión del certificado digital.