12Agosto2020

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01 Abril 2020 Escrito por 

50 medidas del Gobierno para proteger a colectivos vulnerables, pymes y autónomos

El Gobierno flexibiliza los aplazamientos de las cuotas a la Seguridad Social para empresas y autónomos, impide los desahucios de inquilinos durante seis meses, amplía el bono social, crea un nuevo subsidio para los empleados de hogar y atiende las necesidades específicas de la investigación y la cultura. En Andalucía, la Junta invierte 10 millones en aumentar la competitividad de pymes.

  • El Gobierno adopta 50 nuevas medidas para ampliar la protección a los colectivos más vulnerables, empresas y autónomos.
  • La Junta de Andalucía destina más de 10 millones a mejorar la competitividad de pymes comerciales.
  • La Red Logística de Andalucía aprueba medidas para ayudar a las empresas ante el Covid-19.
  • Autónomos y pymes podrán pedir préstamos de hasta 50.000 euros garantizados al 100%.

50 medidas de protección del Gobierno de España

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto-ley, más de 50 medidas económicas y sociales que complementan las que se han ido adoptando en las últimas semanas y dan respuesta a las situaciones creadas por la COVID-19 y la declaración del estado de alarma.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que las iniciativas cumplen un triple objetivo: fortalecer el sistema sanitario, sostener el modelo productivo y prevenir la desigualdad sobrevenida a esta situación.
Derecho a la vivienda y a los suministros básicos

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha manifestado que las medidas de restricción de movimientos y de suspensión de las actividades laborales sólo serán viables si desde las instituciones del Estado se ofrece seguridad y protección a los ciudadanos.

En este sentido, Iglesias ha sostenido que hay que tomar como referencia la Constitución, que protege los derechos de los ciudadanos, en especial de los más vulnerables, y ampliar esta protección con medidas como las acordadas hoy. Estas iniciativas, ha recalcado, refuerzan el "escudo social frente al coronavirus y pone decididamente a nuestro país en la senda de una salida social a esta crisis opuesta a la que se aplicó en el pasado".

Derecho a la vivienda

Con el fin de garantizar el derecho constitucional a la vivienda, Pablo Iglesias ha avanzado que quedan prorrogados automáticamente por seis meses todos los contratos de alquiler en vigor, que estén a punto de vencer. Esta medida, ha dicho, supone que a "ningún inquilino de España con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler", durante ese periodo.

El vicepresidente también ha explicado que se pone en marcha, utilizando al Instituto de Crédito Oficial, un sistema de microcréditos públicos, sin comisiones ni interés, para que todas las personas en situación de vulnerabilidad puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual. Los inquilinos que se beneficien de estos microcréditos públicos podrán devolverlos en un plazo de seis años, ampliables hasta diez en caso de que tengan dificultades.

A esta medida, ha añadido, podrán acogerse todas las personas en paro, los trabajadores afectados por cortes o reducciones de jornada, y los autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos.

Asimismo, Iglesias ha indicado que si un inquilino está en situación de vulnerabilidad y su casero es un gran tenedor de vivienda, como un fondo de inversión, este tendrá que elegir entre dos opciones: llevar a cabo la quita del 50% de la deuda del inquilino o reestructurar esa deuda para que este pueda pagarla durante tres años. Se trata, ha señalado "de proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios y al mismo tiempo garantizar que los grandes tenedores de vivienda arrimen el hombro".

En materia de vivienda, el vicepresidente ha avanzado que se amplía la moratoria de hipotecas, aprobada recientemente, para incluir ella a los autónomos cuya actividad haya sido suspendida por el estado de alarma o cuando su facturación haya caído significativamente hasta el último día del mes en que finalice este estado de alarma. La entidad acreedora no podrá exigirles el pago de la cuota hipotecaria ni ninguno de los conceptos que la integran, incluidos los intereses.

Prohibido el corte de suministros

El Gobierno, según ha trasladado Pablo Iglesias, también ha señalado que la actual prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables, se extiende a todos los hogares: "Mientras esté en vigor el estado de alarma las empresas suministradoras de electricidad, agua y gas no podrán suspender el servicio a ningún ciudadano en su vivienda habitual".

Además, se amplía la cobertura del bono social para que puedan acogerse a él los trabajadores afectados por despidos y los autónomos que hayan cesado en su actividad o visto reducida su facturación como consecuencia de la crisis de la Covid-19.

Prestación por desempleo temporal

Pablo Iglesias ha destacado, asimismo, la aprobación de una prestación específica en forma de subsidio por desempleo para todas las personas trabajadoras del hogar que hayan tenido que dejar de prestar servicios, total o parcialmente, como consecuencia de la crisis, o cuyo contrato se haya extinguido con posterioridad a la declaración del estado de alarma. "Si algo hemos aprendido a raíz de esta crisis, es que es fundamental cuidar mejor a los que cuidan, porque son precisamente sus trabajos de cuidados, muchas veces invisibles, precarios y poco reconocidos los más imprescindibles para la tarea que nos ocupa ahora, que es el sostenimiento de la vida".

Restricción en la publicidad de las apuestas

Con el fin de proteger a los consumidores más vulnerables, se ha acordado una moratoria de tres meses prorrogables en el pago de los créditos personales.

El vicepresidente también ha citado medidas para la devolución de los viajes cancelados o para restringir la publicidad de las apuestas, en un contexto y confinamiento que hace aún más necesario proteger a las personas que tienen problemas con el juego.

Igualdad y lucha contra la violencia machista

El Ejecutivo ha decretado como esenciales los servicios de atención a víctimas de explotación sexual y trata; garantiza la alternativa habitacional segura para las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, e impulsa un subsidio extraordinario a los trabajadores del hogar.

Medidas complementarias de Seguridad Social y económicas

a vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que el Real Decreto-ley contiene, además, medidas específicas de consumo, de apoyo a los trabajadores, de mantenimiento del tejido productivo -desde autónomos a pymes y el resto de empresas- y otras de distintos ámbitos destinadas a cubrir necesidades detectadas a lo largo de estas semanas.

El Real Decreto-ley prorroga la duración de las medidas excepcionales ya establecidas anteriormente por el Gobierno hasta un mes después del final del estado de alarma, salvo que ya contengan plazos específicos, e incluye ajustes técnicos para garantizar su efectividad.

Apoyo a la actividad económica y el tejido productivo

La vicepresidenta ha desgranado las medidas relativas a la seguridad dirigidas a empresas y autónomos, entre las que ha destacado la moratoria de hasta seis meses para el pago de las obligaciones y el aplazamiento de las cuotas que se deben pagar en el mes de abril a un interés reducido del 0,5%.

Por otro lado, se flexibilizan los contratos de suministro de electricidad y gas para autónomos y empresas, y los plazos y procedimientos administrativos para las empresas. Se suspende, además, por un año, el pago de intereses y amortizaciones de préstamos para emprendedores, en especial del sector turístico.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo agilizará y facilitará la gestión de sus ayudas, mientras que el Instituto de Crédito Exterior (ICEX) devolverá a las empresas los gastos derivados de su participación en ferias de este organismo que hayan sido canceladas.

Protección de los consumidores

Las agencias con las que se hayan contratados viajes combinados (vuelos, hoteles, excursiones o alquiler de coches) podrán ofrecer un bono de un año de vigencia a los consumidores afectados, pero, si no se utiliza en ese tiempo, el importe será reembolsado.

En el caso de contratos en academias de idiomas, residencias de estudiantes, gimnasios o escuelas infantiles, la empresa podrá ofrecer la recuperación de los servicios, una vez haya terminado el estado de alarma, salvo que el cliente opte por la devolución del dinero.

Otras medidas

Nadia Calviño ha destacado que se facilitarán las donaciones al sector público dirigidas a reforzar las actuaciones contra la COVID-19. Asimismo, se permitirá compatibilizar la percepción de la pensión de jubilación a los profesionales sanitarios que quieran reincorporarse al servicio activo, y se facilitará la colaboración voluntaria de los empleados públicos en el frente sanitario.

La recuperación de las cantidades aportadas a fondos de pensiones se flexibilizará para "permitir aliviar las necesidades de liquidez" en los hogares, ha continuado la ministra.

En el ámbito de la investigación, se aplicarán reglas especiales en la duración de contratos celebrados por universidades y en el Sistema Nacional de Salud, mientras que también se adoptarán medidas para el sector cultural, cinematográfico y de las artes escénicas, atendiendo a sus características específicas.

Controlar cuanto antes la epidemia, clave para minimizar los daños a la economía

Calviño ha insistido en que el objetivo de todas estas medidas es seguir tejiendo una red de seguridad, social y económica, en paralelo a la emergencia sanitaria, que sigue siendo prioritaria. La ministra ha sostenido que entrar cuanto antes en una fase de mayor control de la epidemia evitará que los daños a la economía sean "más largos, profundos y duraderos" y ha expresado su confianza en que pronto "podamos hablar de planes de reactivación e impulso".

La vicepresidenta tercera ha agradecido a los agentes sociales su participación en la definición de algunas de las medidas, y también ha elogiado la "acción responsable" de empresas y trabajadores en esta crisis, especialmente para garantizar la continuidad de los suministros agroalimentarios, el material sanitario y el resto de servicios indispensables.

Refuerzo de la protección a víctimas de violencia machista

El Consejo de Ministros ha aprobado medidas urgentes para proteger y asistir a las víctimas de violencias machistas durante la crisis provocada por la Covid-19.

La portavoz del Gobierno ha explicado que se sigue garantizando el funcionamiento, puesto que se califican como esenciales, de los servicios de información y asesoramiento jurídico y de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros, tanto para víctimas de violencia de género, como de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.

Una de las novedades destacadas por Montero es que se podrán utilizar hoteles como alojamiento seguro para víctimas, en el caso de que no haya plazas disponibles durante el estado de alarma en los centros designados para ello.

Otro servicio que se pone en marcha es el de atención psicológica por whatsapp, que se une al servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), que sigue funcionando con normalidad, y a los teléfonos de información y asesoramiento 016, y emergencias 112, 091 y 062, operativos 24 horas.

El confinamiento social salva vidas

María Jesús Montero ha afirmado que los datos que a día de hoy ofrecen los miembros del comité técnico, con todas las dosis de cautela, indican que vamos en la buena dirección y que nos encontramos en una fase de estabilización de la pandemia.

Montero ha destacado el "comportamiento ejemplar de la ciudadanía", a la que ha pedido que persevere, ya que su confinamiento social salva vidas y su actuación responsable está permitiendo bajar la curva de contagios. "Todos tenemos un papel fundamental que cumplir y estamos actuando de manera eficaz porque así lo pone de manifiesto la vigilancia diaria que se está haciendo de la pandemia", ha dicho.

El permiso retribuido recuperable, ha añadido, también salva vidas y ha sido posible por el acuerdo de empresarios y sindicatos. La disminución de los contactos con las personas mayores y vulnerables también salva vidas. El sacrificio, ha afirmado, se verá compensado cuando paremos el virus y seamos capaces de recuperar de forma progresiva las actividades cotidianas.

14 toneladas de material sanitario

La ministra ha resaltado que el ministerio está monitorizando la llegada del material sanitario al minuto para conocer qué se entrega y cuáles son las necesidades que se están satisfaciendo y las que quedan pendientes.

Asimismo ha recordado que ayer aterrizó en Torrejón un avión del Ejército procedente de China con 14 toneladas de material sanitario. En el día de hoy está prevista la llegada de dos millones de mascarillas para profesionales sanitarios, 180.000 gafas de protección y casi 63.000 batas desechables que se van a distribuir en las próximas horas entre todas las comunidades autónomas.

Además, Montero ha informado de que, desde el 10 de marzo hasta hoy se han repartido más de diez millones de mascarillas para pacientes y profesionales sanitarios y, a lo largo de la semana, llegará por vía aérea más material que irá nutriendo al conjunto de los hospitales del sistema sanitario y a otros sectores que precisan de estos productos de protección, básicamente residencias de mayores.

La ministra ha expresado su agradecimiento al personal sanitario, a todos los empleados públicos y a la industria nacional que lleva a cabo un proceso rápido de reconversión que está permitiendo la fabricación de mascarillas, respiradores, geles y productos imprescindibles para el personal sanitario.

Más de 10 millones para mejorar la competitividad de pymes

Ayuda a pymes Junta de AndalucíaLa Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad destinará en este ejercicio 2020 un montante de 10,1 millones de euros en ayudas a la transformación digital, la modernización y el relevo generacional de las pymes comerciales andaluzas, una inyección pública con la que se pretende mejorar la competitividad de este tejido empresarial más vulnerable en un contexto económico especialmente complicado por los efectos de la crisis sanitaria del Covid-19.

Así, lo ha anunciado Rogelio Velasco durante su intervención en los encuentros en directo organizados por la Junta y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio con el fin de acercar las tecnologías más avanzadas a dos sectores estratégicos de la economía regional como son la actividad agroalimentaria y la comercial. En estos foros online, que se han celebrado los días 30 y 31 de marzo, también ha intervenido el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras, Javier Francisco Sánchez Rojas, así como numerosos expertos del sector TIC y empresas de ambos segmentos.

Velasco ha apuntado que "en Andalucía el comercio representa un sector estratégico, tanto por la dimensión que abarca, como por el empleo que genera", a lo que ha añadido que "esta área de actividad es una pieza clave de la digitalización de la economía regional por los datos de valor que maneja dicho segmento". De ahí que haya subrayado el esfuerzo de la Administración autonómica en tres direcciones: el apoyo a través de ayudas públicas y de prestación de servicios avanzados, la sensibilización del tejido empresarial y la capacitación de los profesionales para dotarles de las competencias necesarias para abordar con éxito la transformación de sus negocios.

En lo que respecta al apoyo de la Junta, el titular de Economía ha explicado que ese montante global se divide en dos grandes líneas: la primera de 6,5 millones, que serán incentivos directos para favorecer tanto la modernización, la transformación digital y el relevo generacional; y la segunda, compuesta por los 3,6 millones restantes, que se concederá en la modalidad de ayudas en especie y se reservará, exclusivamente, a impulsar el uso de nuevas herramientas digitales en las pymes. "Este último programa contempla la prestación de servicios de consultoría avanzada que faciliten a las empresas la inmersión en la economía digital, ofreciéndoles un diagnóstico y un plan de acción personalizado elaborado por expertos para avanzar en su digitalización, así como un acompañamiento en la implantación de algunas de las soluciones propuestas en su plan de acción", ha detallado.

Junto a estas líneas de financiación, que se incluyen en el VI Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2019-2022, Rogelio Velasco también se ha referido a la puesta en marcha de un modelo de madurez digital, que abarca las áreas más relevantes que una empresa debe considerar para digitalizar su negocio, desde los mercados hasta los procesos, pasando por los clientes, los empleados, los productos y servicios y las tecnologías. Este modelo es la base de la herramienta de Autodiagnóstico de Madurez Digital, "un sencillo test que se resuelve en pocos minutos y que permite comparar el resultado de una empresa con el de otras de su sector, tamaño o provincia", ha indicado.

En la comunidad, el 71,28% de las empresas comerciales tienen conexión a internet y página web y el 24,5% disponen de servicios web como recepción de pedidos o reservas online.

El consejero de Economía ha remarcado que "desde este Gobierno se va a seguir trabajando para hacerlo aún más competitivo y sostenible, puesto que la adaptación a la nueva economía digital es un reto que abre un gran abanico de nuevas oportunidades". En el sector, que representa el 9,05% del VAB andaluz, desarrollan su actividad un total de 140.609 comercios en 18 subsectores, que dan empleo a 495.584 personas. El 60,51% de su tejido son empresas sin asalariados y el 35,81%, pymes con menos de nueve trabajadores. Además, las mujeres representan el 60,4% de la ocupación laboral.

Sector agroalimentario

El consejero Rogelio Velasco también ha hecho alusión a las necesidades de transformación digital de la actividad agroalimentaria, poniendo el acento en las cooperativas y en la cadena de valor.

En ese sentido, ha aclarado que "la asunción de ese proceso en cooperativas es necesaria para continuar con el desarrollo rural, evitando la despoblación rural y manteniendo el crecimiento económico de estas zonas; y conlleva, además, un mayor liderazgo y competitividad del sector a nivel nacional e internacional". Asimismo, ha señalado que "para la cadena de valor el reto digital es necesario para afrontar la globalización y todos los cambios exigidos al sector; desde la competencia internacional hasta al reto del cambio climático y la sostenibilidad".

En Andalucía se registran 1.147 cooperativas agroalimentarias, que representan el 44% de la facturación nacional y el 9% del VAB andaluz (13.798 millones). Y de ellas, el 55,95% son micropymes con menos de nueve trabajadores y el 31,60%, micropymes sin asalariados. "El objetivo de la Junta es llegar a todas, desde el convencimiento de que la transformación digital de las empresas es un elemento clave para lograr ventajas competitivas sostenibles en el tiempo", ha apostillado el consejero de Economía.

Otros incentivos a la transformación digital

En su intervención, Velasco ha explicado que su departamento ha conformado una hoja de ruta para acelerar este proceso en el conjunto del tejido empresarial de la región, recordando el aumento en nueve millones de euros, hasta los 22, de la línea de ayudas a la Transformación Digital que gestiona la Agencia IDEA,  en el marco de la orden de Desarrollo Industrial, con el objetivo de facilitar que las pymes se doten de los medios técnicos para posibilitar el teletrabajo, tan necesario en las circunstancias que estamos viviendo actualmente.

Además, ha explicado que pymes y autónomos disponen actualmente de un amplio catálogo de acciones formativas en diferentes formatos, pensadas para que las empresas adquieran las competencias digitales que necesitan. "Durante este periodo de cuarentena, la Consejería de Economía ha reforzado estos recursos con talleres y eventos en directo que se encuentran disponibles en la plataforma 'Andalucía es digital', ha puntualizado Rogelio Velasco.

El consejero de Economía ha agradecido a profesionales y empresarios de ambos sectores "el trabajo que están llevando a cabo para garantizar el abastecimiento de los hogares andaluces en esta situación tan complicada".

Proyecto FOCOIN

Ambos foros han reunido a unos 300 participantes, entre empresas y expertos del sector TIC, compañías y asociaciones de ambos sectores para dar a conocer las tendencias tecnológicas más innovadoras aplicadas a cada ámbito. Estos foros han posibilitado, además, detectar necesidades vinculadas a este campo que favorecen el desarrollo de oportunidades reales de colaboración y negocio. En las dos jornadas de trabajo se han expuesto casos de éxito de varias firmas andaluzas que han implementado la transformación digital en sus negocios.

Estos encuentros en directo se enmarcan en el proyecto de Fomento de la Colaboración Intersectorial (FOCOIN) impulsado por Economía y el Consejo Andaluz de Cámaras, y pretenden fomentar el desarrollo de la economía digital en Andalucía aprovechando el efecto tractor del sector TIC y favoreciendo la transformación digital de las pymes.

Medidas de la Red Logística de Andalucía

El consejo de administración de la Red Logística de Andalucía, que depende de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha aprobado medidas para ayudar a las empresas que están instaladas en sus áreas logísticas y así paliar los efectos de la pandemia del coronavirus (Covid-19), como el aplazamiento de las rentas para dotar de mayor liquidez a las empresas para el reinicio de la actividad productiva.

Tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, la actividad económica de las empresas se está viendo seriamente afectada debido a la paralización de gran parte de las operaciones comerciales. Esta paralización de actividad va a generar en muchas empresas grandes dificultades económicas y de tesorería en los meses de abril y mayo. Es por ello que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de sus entidades Agencia Pública Puertos de Andalucía y Red Logística de Andalucía S. A., va a poner en marcha un programa de actuaciones específicas que fomenten la actividad y limiten los perjuicios ocasionados por esta situación de crisis sanitaria.

Así, la Red Logística de Andalucía S. A. pondrá en marcha medidas como el aplazamiento de los alquileres para dotar de mayor liquidez a las empresas para el reinicio de la actividad productiva. Así, las rentas de los meses de abril y mayo se prorratearán sin intereses entre los meses de junio a diciembre.

Además, en los contratos en vigor, se aprobó la suspensión de los plazos de carencia desde el 14 marzo, los cuales empezarán a computar una vez finalice el Estado de Alarma. En cuanto a los contratos de aparcamientos, los pagos de los meses de abril y mayo también se repartirán en meses posteriores.

Asimismo, habrá aplazamientos de las liquidaciones correspondientes a los meses de abril y mayo, prorrateando sin intereses dichos importes entre los meses de junio a diciembre. Este aplazamiento tendrá carácter rogado y deberá ajustarse a las normas de gestión de ingresos públicos de naturaleza tributaria y parafiscal. Estas medidas deberán ser actualizadas y adaptadas en función de la duración del Estado de Alarma, de la evolución de la actividad en las diferentes áreas y de las situaciones particulares de las empresas ubicadas en las áreas logísticas de interés autonómico.

Préstamos de hasta 50.000 euros garantizados

Los autónomos y las pymes, especialmente micropymes, pueden solicitar ya en sus entidades financieras un préstamo por importe de hasta 50.000 euros para hacer frente a eventuales problemas de liquidez ante las circunstancias devenidas de la parálisis obligada por el estado de alarma. Estos créditos, que estarán garantizados al 100% por la sociedad de garantía recíproca Garántia, contarán con hasta un año de carencia y se estima que podrán alcanzar hasta las 20.000 operaciones.

El Gobierno andaluz considera imprescindible atender las posibles necesidades financieras de pymes y autónomos para amortiguar el impacto económico de la crisis sanitaria en Andalucía, para lo que la Junta de Andalucía ha acordado transferir 36 millones de euros al Fondo de Provisiones Técnicas de Garántia, de la que es socio mayoritario, para activar una línea de financiación que permitirá avalar operaciones financieras, y que generará un efecto multiplicador de hasta 500 millones de euros.

Así lo recoge el convenio que han firmado el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, que ha estado acompañado del secretario general de Hacienda, Ignacio Méndez, y el presidente de Garántia, Javier González de Lara, junto al director general de Garántia, José María Vera, y que viene contemplado en el Decreto Ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (Covid-19).

"Al igual que estamos haciendo con la gestión de la crisis a nivel sanitario, actuando con previsión y adelantándonos a lo que puede ocurrir, también debemos hacerlo a nivel económico. Y, en esa línea, nuestra obligación como Gobierno andaluz es pensar en las consecuencias que sufren desde ya autónomos y pequeñas empresas, los otros grandes damnificados. A ellos va dirigida esta medida, cuyo objetivo es facilitarles la liquidez que necesitan para superar este golpe y que puedan seguir manteniendo su actividad", ha explicado Bravo.

Además, el consejero de Hacienda, Industria y Energía ha destacado que esta medida "va más allá" que la propuesta por el Gobierno central, que solo avala hasta el 80% de los préstamos, frente al 100% que cubre Garántia apoyada en la subvención convenida con la Junta de Andalucía. Una operación que se enmarca dentro del ámbito de colaboración público-privado y cuya cuantía inicial ha sido de 36 millones de euros, pero que "podría aumentar" en función de si se agota esta primera dotación, según ha asegurado Bravo.

Las operaciones que se podrán beneficiar de este aval público son aquellas que hayan sido suscritas por Garántia entre el pasado 14 de marzo, fecha de entrada en vigor del estado de alarma por el Covid-19 a nivel nacional, y el 31 de octubre de 2020, y que van destinadas a mitigar las dificultades de liquidez como consecuencia de las circunstancias extraordinarias derivadas de la crisis sanitaria. No obstante, se trata de un plazo que podrá ser objeto de ampliación si así lo consideran las partes firmantes.

¿Quiénes pueden optar a estos préstamos garantizados?

Los destinatarios de estas operaciones son pymes y autónomos viables, que tengan un centro operativo relevante en Andalucía, y sobre los que el estado de alarma provocado por el Covid-19 haya impactado en sus cifras de ingresos, con dificultades de liquidez ocasionadas tanto por la disminución de la actividad y la caída de ingresos como por el acceso al crédito.

¿Cómo se pueden solicitar?

Las pymes y autónomos deben acudir a su entidad financiera habitual, si bien será Garántia la entidad responsable de analizar y evaluar las solicitudes recibidas y tendrá autonomía para conceder o denegar los avales en función de criterios técnicos. Se trata de una iniciativa abierta a todas las entidades financieras que quieran participar.

¿Qué importe se puede pedir?

Las operaciones garantizadas al 100% por la Junta podrán elevarse hasta un importe máximo de 50.000 euros, sin perjuicio de que otras operaciones por importe superior se puedan tramitar tras ser analizadas y aceptadas. Se calculan unas 20.000 operaciones teniendo en cuenta un importe medio de 25.000 euros por operación.

¿Cuál es el periodo de devolución?

El plazo de devolución del préstamo contempla un máximo de hasta cinco años, con un periodo de carencia de hasta 12 meses.

Medidas económicas frente al Covid-19

La firma de este convenio con Garántia se enmarca dentro del paquete de medidas impulsadas desde el Gobierno andaluz para combatir los efectos producidos por la crisis del coronavirus en la economía de la región, especialmente entre los autónomos y el tejido de pequeñas y medianas empresas, y que en conjunto suponen la movilización de 900 millones de euros, además de un fondo de contingencia de 100 millones destinados en exclusiva a los recursos sanitarios necesarios.

El Gobierno andaluz trata con la puesta en marcha de esta iniciativa de dar respuesta en el ámbito de sus competencias a los planteamientos expresados desde las organizaciones empresariales y de autónomos, que han centrado sus inquietudes en la necesidad de adoptar medidas para evitar la quiebra y mantener el empleo, y que van orientadas a garantizar el acceso a la liquidez a través de avales públicos.