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16 Abril 2020 Escrito por 

Andalucía adelanta 51,7 millones del Fondo Social y lanza una ayuda para autónomos

Ayuntamientos, diputaciones, la Agencia de Servicios Sociales y la Consejería de Igualdad podrán financiar prestaciones básicas con el adelanto de 51,7 millones del Fondo Social en Andalucía, donde se ha aprobado una ayuda de 300 euros para autónomos. El ministro de Seguridad Social, por su parte, asegura que en lo que va de abril está habiendo una estabilización del empleo.

  • La Junta  de Andalucía adelanta 51,7 millones del Fondo Social para combatir el Covid-19 en sectores vulnerables y pone en marcha la ayuda excepcional de 300 euros para los autónomos.
  • El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegura que "se aprecia en las últimas semanas una estabilización en el empleo".
  • Toda la cadena de valor de la hostelería demanda al Gobierno la participación de manera activa en el plan de relanzamiento y reconversión del sector.

51,7 millones del Fondo Social para combatir el Covid-19

El Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para la generación de créditos por un importe de 51.718.498 euros, la misma cantidad que se ha asignado a Andalucía por el Fondo Social del Gobierno central en la aplicación presupuestaria 'Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales'.

A pesar de que el Gobierno central se ha comprometido a transferir los créditos antes del 30 de abril, con esta medida del Gobierno andaluz, ayuntamientos, diputaciones, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) y la propia Consejería de Igualdad podrán financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas de la pandemia por Covid-19 desde este momento.

Esto ha sido posible gracias a la puesta en funcionamiento, por parte de la Junta de Andalucía, de una Comisión de Emergencia Social que se creó mediante el Decreto Ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus en la comunidad. Esta comisión ha permitido articular un procedimiento de respuesta rápida a las situaciones de desprotección y vulnerabilidad que la situación actual provoca en determinados colectivos sociales.

La distribución del crédito que ha realizado la Consejería de Igualdad incluye un total de 29.054.998,59 euros para las corporaciones locales, 22.107.770 euros para la propia Consejería y 2.556.729,40 euros para la ASSDA.

De la cuantía destinada a las corporaciones locales, la provincia de Almería recibirá 2.476.147,76 euros; Cádiz percibirá 4.282.200,37 euros; para Córdoba se destinarán 2.703.591,86 euros; Granada, 3.158.342,68 euros; Huelva, 1.801.994,03 euros; Jaén, 2.187.668,47; Málaga, 5.738.070,12; y Sevilla, 6.706.983,3 euros. Está previsto que se pueda atender a aproximadamente un millón de personas en toda la comunidad autónoma.

Estas cantidades se destinarán, según los criterios establecidos en el Fondo Social, a hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario, atender los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene y otros similares que se hayan podido ver suspendidos en los centros de día, compra de equipos de protección individual y refuerzo de los servicios de respiro.

Igualmente, se destinarán a reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, población en la que se dificulta la obligatoriedad del confinamiento decretado por el estado de alarma; a reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales y a ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias.

Renta Mínima de Inserción Social

Con respecto al crédito que corresponde a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, cinco millones de euros servirán para ampliar los supuestos recogidos en relación con la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía. Mediante una nueva adaptación de la norma existente, se establecerá un procedimiento extraordinario de concesión de solicitudes para unidades familiares con menores a cargo.

Por otra parte, un total de 4.602.800 euros se destinará a hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario y compra de equipos de protección con la finalidad de atender las situaciones de emergencia social que se presenten ante la Comisión de Emergencia Social ya constituida; el servicio de comida a domicilio a las personas usuarias de Centros de Participación Activa que, siendo titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco en su modalidad oro (personas de extrema vulnerabilidad), han dejado de beneficiarse y tener el servicio por el cierre necesario de los propios centros; y para la compra de equipos de protección individual para centros de gestión directa.

Además, más de 8,1 millones de euros (8.189.200 euros) serán para reforzar las plantillas de centros residenciales de personas mayores, centros de personas con discapacidad y centros de protección de menores de titularidad de la Junta de Andalucía. También, más de 1,5 millones (1.535.370 euros) irán a ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, que irá al incremento de la partida dirigida a las corporaciones locales para atender las Ayudas Económicas Familiares.

A su vez, un total de 2.280.400 euros servirán para financiar otras medidas imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables, que se resolverán a través de la Comisión de Emergencia Social, así como para coordinar las actuaciones en materia de voluntariado que se deriven de las ocho comisiones provinciales de emergencia social.

Agencia de Servicios Sociales

Por último, la ASSDA destinará 40.000 euros para hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter domiciliario, mediante la puesta en marcha de un sistema de seguimiento a las personas usuarias de centros de día que han visto suspendida su actividad. Con ello se garantizará que están debidamente atendidas y que la situación de cierre del centro no ha generado en ellas una situación de desprotección o vulnerabilidad.

Asimismo, se diseñará una herramienta informática con el objetivo de detectar aquellas personas mayores que se encuentran sin ningún tipo de soporte social o familiar, que permita atender sus necesidades en relación con la recogida de fármacos. Esto permitirá, mediante un sistema de verificación, identificar aquellas personas que están recogiendo con retraso sus prescripciones de medicamentos, comprobando su situación social y sanitaria.

Además, dedicará un total de 956.729,40 euros para incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria, de manera que permita aumentar el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio.

También dedicará 1.560.000 euros a financiar otras medidas imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables, residentes en comunidades terapéuticas, así como para la cofinanciación del sobrecoste asumido por la ASSDA en la financiación del coste del servicio de los centros de día, garantizado a las entidades prestadoras que han visto suspendida su actividad.

Con las actuaciones definidas, se pretende hacer frente a las situaciones de desprotección y extrema vulnerabilidad provocadas por la emergencia sanitaria actual y que precisan de un abordaje urgente, donde los poderes públicos deben desplegar toda su capacidad, creando dispositivos y recursos necesarios para enfrentarse a la nueva realidad social.

Estabilización del empleo

En su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, Escrivá ha recordado que la crisis de la Covid-19 ha tenido un "fuerte impacto" en la afiliación a la Seguridad Social, ya que en 21 días de marzo y abril se han perdido tantos empleos como en los 102 días de mayor destrucción de puestos de la crisis de 2008-2009.

No obstante, Escrivá ha subrayado que, tras una fase con una intensa destrucción de empleo, "desde el 24 de marzo hemos entrado en una fase de estabilización, que continúa durante la primera mitad de abril". Tras la caída de más de 600.000 afiliados a la Seguridad Social en los días en torno al decreto de alarma, se aprecia que, a partir del día 24 "no hemos vuelto a ver las caídas en afiliación de los niveles de los días anteriores y posteriores al decreto de alarma (14 de marzo)", con la única excepción del 31 de marzo, aunque en este caso, la evolución está condicionada por el habitual fin de contratos a final de mes.

Esta tendencia de estabilización ha continuado durante los primeros días de abril, en los que incluso, ha habido varios días con creación de empleo. Además, el ministro de Inclusión ha indicado que esta tendencia a la estabilización en el mercado laboral es común a toda la geografía española y ha destacado que hay ocho provincias donde crece la afiliación en la primera mitad de abril (Badajoz, Huelva, Cádiz, Murcia, Albacete, Baleares, Huesca y Tarragona).

Medidas de protección del empleo

José Luis Escrivá ha subrayado que el cambio de tendencia en el mercado de trabajo "se debe en parte a las medidas de protección del empleo tomadas por el Gobierno a partir del 17 de marzo. En este sentido, ha subrayado que las medidas aprobadas "son muy extensas y podrán proteger las rentas de 6 millones de personas, más del 30% de la población activa ocupada". Esta protección de rentas "es la absoluta prioridad del Gobierno en este momento", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que la respuesta del Ejecutivo ha permitido proteger a más de 5 millones de personas, entre las casi 4 millones de personas acogidas a ERTE, el casi millón de autónomos que se calcula que podrán recibir la prestación y las personas empleadas de hogar y temporales sin derecho a prestación, que serán cubiertas por las últimas medidas aprobadas. Además, hay que recordar que ha habido más 400.000 personas beneficiarias de prestaciones de Incapacidad Temporal asimiladas a accidente de trabajo por COVID-19, que suponen una mayor protección. Por ello, Escrivá ha subrayado que la respuesta española ha sido de las "más ambiciosa y de las más rápidas" entre los países de nuestro entorno en cuanto a la cobertura de rentas se refiere, por encima de países anglosajones y en línea con países como Italia o Francia.

ERTE y exoneraciones

De las medidas puestas en marcha para garantizar las rentas y mantener el empleo la que mayor efecto ha tenido son los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que en el caso de considerarse por fuerza mayor asociada a la COVID-19, conllevan una exoneración del pago de cotizaciones sociales. El ministro ha señalado que casi 4 millones de personas, el 16% de la población activa, están incluidas en ERTEs y a más del 50% de estos expedientes ya se les ha efectuado la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores.

Prestación extraordinaria para autónomos

Escrivá ha subrayado que el grueso de la pérdida de empleo ha sido en el régimen general y ha recaído, en concreto, sobre trabajadores con contrato temporal. Por el contrario, el régimen de autónomos ha tenido un comportamiento más positivo, con una pérdida de 56.000 afiliados desde el 12 de marzo. En concreto, mientras que el régimen general registra una caída del 6%, el de autónomos no llega al 2%.

Además, el ministro de Inclusión ha destacado la acogida de la prestación extraordinaria por cese de actividad puesta en marcha para las personas cuya actividad quedó suspendida por el decreto de alarma o con una caída de la facturación del 75%, que ya ha registrado casi 950.000 solicitudes. Esta prestación, que supone un beneficio económico mínimo de 950 euros al mes, será percibida este viernes por más de 800.000 beneficiarios. La prestación se está concediendo casi al total de las personas que la han solicitado, con una aceptación del 97% de las solicitudes.

Aplazamientos y moratorias

Además, para favorecer la liquidez de las empresas, se han aprobado dos medidas. En primer lugar, la posibilidad de aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social con un interés del 0,5% (siete veces inferior al habitual) para las cuotas pagaderas en los meses de abril, mayo y junio. Hasta el 12 de abril, se habían solicitado más de 92.000 aplazamientos, de los que un 30% correspondían a trabajadores por cuenta propia.

Esta medida, que puede ser solicitada por cualquier empresa que no tenga otro aplazamiento en vigor, conlleva, además, el incremento de las cuantías de las deudas aplazables exentas de garantías para favorecer la liquidez del tejido productivo.

En segundo lugar, el Gobierno ha aprobado una moratoria de seis meses para las cotizaciones que se tienen que pagar en los meses de abril, mayo y junio. En los próximos días se publicará una Orden Ministerial con el detalle de los sectores que podrán acogerse a esta medida.

Otras medidas

El ministro ha subrayado también la simplificación de los trámites administrativos que se ha llevado a cabo para facilitar el acceso a los servicios públicos por parte de los ciudadanos en un momento, como éste, en el que están restringidos los desplazamientos. En este sentido, ha indicado que se permite operar con la Seguridad Social sin certificado electrónico y que se permiten pruebas alternativas para obtener prestaciones. Por ejemplo, para solicitar la prestación de nacimiento, si no se tiene la documentación del Registro Civil, se acepta provisionalmente el informe de maternidad del hospital.

Profesionales sanitarios

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha adoptado varias medidas para favorecer la incorporación de profesionales sanitarios en estas circunstancias excepcionales. Por un lado, se ha flexibilizado la reincorporación de profesionales sanitarios jubilados manteniendo la pensión que percibían y, por otro, se ha agilizado el tratamiento de los expedientes en las Oficinas de Extranjería para acelerar la autorización de residencia y trabajo de profesionales del sector sanitario extranjeros en situación regular, priorizando aquellos expedientes cuyo trámite ya estaba abierto antes de la entrada en vigor del estado de alarma. Gracias a esta última medida, cerca de 400 profesionales sanitarios cuentan con las autorizaciones necesarias para ser contratados.

Escrivá ha señalado también otras medidas tomadas en el ámbito migratorio, como la flexibilización de la contratación en el sector agrario autorizando la incorporación de jóvenes de terceros países entre los 18 y los 21 años que se encuentren en situación regular, así como la prórroga hasta el 30 de junio y sin ningún trámite adicional de la autorización de residencia y trabajo de aquellos migrantes que así lo precisaran. Asimismo, para atender la demanda de mano de obra en el campo, se está procediendo a prorrogar las autorizaciones de trabajo y residencia de las 7.028 temporeras marroquíes que llegaron a Huelva antes del establecimiento de restricciones en fronteras exteriores.

Además, con motivo de la pandemia se han tomado medidas de diversa índole, como la acogida de las personas que han ido abandonando los CIES (alrededor de 250), el bloqueo de aproximadamente el 15% de las plazas del Sistema Nacional de Acogida para atender eventuales necesidades de aislamiento, así como la suspensión de plazos administrativos para procedimientos de extranjería ya iniciados para que "ningún extranjero caiga en situación de irregularidad con motivo de la expiración de la documentación" durante el estado de alarma.

Balance de las medidas

En general, ha subrayado José Luis Escrivá, "la respuesta a esta crisis ha sido más amplia y más rápida de lo que ha sucedido en anteriores ocasiones". Así, ha subrayado que la prestación para autónomos es novedosa y no existía ninguna medida similar en la anterior crisis para ayudar al mantenimiento de los negocios de los autónomos.

También las medidas de aplazamiento y moratoria son mucho más amplias que en anteriores ocasiones, cuando se aplicaron con motivo de catástrofes naturales o crisis sectoriales y no como consecuencia de una crisis sanitaria con efectos económicos generalizados. De esta forma, el número de posibles beneficiarios es mucho mayor ahora. De la misma manera, la protección de los trabajadores enfermos o aislados durante la gripe A también fue menor que la actual, ya que tenían la consideración de baja común y no de incapacidad temporal asimilada a accidente de trabajo como ahora.

El ministro de Inclusión ha destacado que la crisis sanitaria es "temporal" y, mientras dure, "la prioridad del Gobierno debe ser garantizar rentas, como ha hecho hasta ahora. Además, ha subrayado que el "esquema de protección es muy amplio y está surtiendo efecto". En este contexto, Escrivá ha indicado que el "objetivo es generar certidumbre en unas condiciones extraordinariamente complejas".

Reconversión del sector hostelero

Hostelería de España, organización empresarial que representa a más de 270.000 restaurantes, bares, cafeterías y pubs del país, AECOC, asociación empresarial que integra a más de 30.000 fabricantes y distribuidores, y FIAB, Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, que agrupa a 45 asociaciones sectoriales, han solicitado conjuntamente al Gobierno su participación activa en el diseño del plan de reactivación y reconversión del sector que pondrá en marcha el Ejecutivo.

Así lo han puesto de manifiesto a través de un escrito enviado al Departamento de Asuntos Económicos de Presidencia, en el que han señalado que su incorporación a este plan de reapertura y activación de la hostelería es necesario “para que así se tengan en cuenta las particularidades de un sector con más de 300.000 establecimientos hosteleros, que genera más de 1,7 millones de puestos de trabajo, y que puede quedar seriamente afectado”.

Por otro lado, en ese mismo escrito dirigido al Ejecutivo, han solicitado conjuntamente una flexibilización en la vigencia de los ERTE una vez que se reanuden las actividades de hostelería, distribución y cadena alimentaria.

En este sentido, han explicado la necesidad de tomar esta medida “teniendo en cuenta que la vuelta a la normalidad del sector no se producirá, previsiblemente, de forma inmediata”. Así, el sector demanda unos ERTE que permitan la reincorporación de los empleados de manera progresiva, de tal manera que los trabajadores se puedan incorporar de forma escalonada según los niveles de actividad de cada empresa o establecimiento.

Las tres entidades representantes de estos gremios, que integran a toda la cadena de valor de la hostelería y que en conjunto suponen algo más del 29% del PIB y emplean a cerca de 7 millones de trabajadores, han recordado al Ejecutivo la particular fragilidad y vulnerabilidad de estos sectores ante los ciclos y choques económicos, como los derivados de la actual situación de crisis provocada por el Covid-19. Y es que, según datos de un estudio elaborado por la consultora Bain & Company y la firma de servicios profesionales EY, estos negocios podrían sufrir una pérdida de facturación de hasta el 40% durante este año.

Además, han señalado que, según este mismo estudio, el nivel de empleo podría sufrir también un fuerte impacto, con hasta 680.000 puestos de trabajo afectados en los momentos más críticos del proceso y una pérdida estructural definitiva de 207.000 empleos. Asimismo, las entidades han subrayado que “sin medidas de apoyo para aumentar los niveles de liquidez, la necesidad de financiación de las compañías hosteleras para cubrir los gastos fijos operativos durante la crisis fluctuaría entre los 6.000 y los 16.000 millones de euros”, cifras que también se recogen en el citado estudio.

Según los datos que maneja el sector de la hostelería, tras la salida de la crisis podría haber una caída de en torno a un 15% del volumen de establecimientos, el cual actualmente se sitúa en más de 300.000 locales, y afirman que ya se puede hablar de 40.000 empresas con serias dificultades de supervivencia tras la crisis.