Ramos ha explicado que los ayuntamientos elaboran sus presupuestos en función, entre otros recursos, de dos grandes vías de financiación pública: la participación en los ingresos de la comunidad autónoma y la participación en los ingresos del Estado (PIE). En el caso de Lubrín, las previsiones para 2026 eran positivas, ya que la buena marcha de la economía española iba a traducirse en una mayor aportación estatal.
“Lubrín esperaba recibir este año 2026 alrededor de 40.000 euros más a través del PIE, lo que suponía una noticia importante para un municipio como el nuestro, donde cada euro cuenta a la hora de sostener servicios, atender necesidades y seguir haciendo pueblo”, ha señalado el regidor.
Sin embargo, el Ayuntamiento ha comprobado en el mes de marzo que los ingresos recibidos por este concepto han sido inferiores a los previstos. Tras analizar la situación, el consistorio ha concluido que esta reducción se debe a la prórroga del sistema de financiación estatal, provocada por la no convalidación del decreto en el Congreso.
Para Domingo Ramos, se trata de una cuestión “muy grave” que no puede pasar desapercibida. “No estamos hablando de un asunto técnico o menor. Estamos hablando de dinero que deja de llegar a los ayuntamientos y, por tanto, de recursos que dejan de invertirse en nuestros vecinos y vecinas, en obras, en mantenimiento, en atención pública y en servicios esenciales”, ha afirmado.
El alcalde de Lubrín ha lamentado además la falta de reacción política ante una decisión que, a su juicio, perjudica de forma evidente a la provincia de Almería y al conjunto del municipalismo español. “No entendemos por qué los representantes políticos de esta provincia, sean del partido que sean, no han alzado la voz ante una situación que va a mermar las arcas públicas de los ayuntamientos en cientos de miles de euros en el conjunto de Almería”, ha indicado.
En este sentido, Ramos ha insistido en que la financiación local no es un debate abstracto, sino una herramienta básica para garantizar el funcionamiento diario de los consistorios y la prestación de servicios a la ciudadanía. “Cuando se recortan o se congelan estos ingresos, quienes realmente lo sufren son los vecinos, porque los ayuntamientos tenemos menos capacidad para responder, para mejorar infraestructuras y para seguir prestando servicios públicos con calidad”, ha subrayado.
Por ello, el alcalde ha reclamado una mayor implicación institucional y política para defender los intereses de los municipios. “Hay que alzar la voz y denunciar este hecho. Los ayuntamientos no pueden seguir siendo los grandes perjudicados de las batallas políticas en otras administraciones. Necesitamos certidumbre, estabilidad y una financiación justa para poder cumplir con nuestra obligación de servir a los ciudadanos”, ha concluido.
Gobernar con menos de lo que te corresponde
Por Domingo Ramos, alcalde de Lubrín
Quienes gobernamos un ayuntamiento pequeño sabemos muy bien lo que vale cada euro. No porque lo diga una hoja de cálculo, sino porque detrás de cada partida hay algo real: una calle que arreglar, un servicio que mantener, una necesidad vecinal que atender, una mejora que no puede esperar eternamente. En un pueblo como Lubrín, el presupuesto no es una cifra fría. Es la herramienta con la que intentamos cuidar a nuestra gente.
Por eso quiero expresar mi preocupación y también mi indignación. Este año 2026 contábamos con una previsión de ingresos mayor a través de la participación en los ingresos del Estado, el PIE. En nuestro caso, suponía alrededor de 40.000 euros más. Para una gran ciudad puede parecer poco. Para un municipio como el nuestro, es mucho. Es importante. Es útil. Es necesario.
Sin embargo, en marzo comprobamos que ese dinero no iba a llegar como estaba previsto. Y al buscar explicaciones descubrimos que, detrás de esta merma, está la prórroga de la financiación estatal tras el rechazo en el Congreso del real decreto presentado por el Gobierno de España. Una decisión política de boicot a todo de las ultras derechas de Pp y Vox tomada lejos de nuestros pueblos, pero cuyas consecuencias sí llegan, y llegan de lleno, a nuestras cuentas municipales.
Lo que más me preocupa no es solo la cantidad. Es el silencio. Es la facilidad con la que se acepta que decisiones de este tipo perjudiquen a los ayuntamientos y, por tanto, a los vecinos y vecinas que dependen de ellos. Porque cuando un ayuntamiento recibe menos de lo que le corresponde, quien acaba pagando esa pérdida no es un partido político. La pagan los pueblos.
Yo creo que ha llegado el momento de decirlo con claridad. La financiación local no puede seguir siendo rehén de la confrontación política. Los municipios necesitamos estabilidad, certidumbre y respeto. Y necesitamos que quienes representan a esta tierra defiendan de verdad a nuestros ayuntamientos.
Porque defender la financiación de un pueblo no es hacer política. Es cumplir con la obligación de no dejarlo atrás.