Con ese contraste como punto de partida, UGT y CCOO de Almería se han concentrado este miércoles ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para exigir que el dinero llegue a las nóminas.
Ampliar prestaciones y atender a más personas no puede ser el único destino de ese refuerzo, sostienen ambos sindicatos, que reclaman que una parte repercuta en plantillas, ratios y salarios de un Sector que, según sus datos, emplea a más de 150.000 personas en Andalucía, casi todas mujeres.
La aportación estatal incluye casi 318 millones adicionales en 2026 y superará los 1.200 millones en 2027, con el objetivo de cubrir la mitad del coste del sistema. En la provincia de Almería hay 27.882 personas con grado de dependencia reconocido, de acuerdo con los datos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía correspondientes a enero.
Su atención recae en auxiliares de ayuda a domicilio y personal de residencias con una parcialidad involuntaria y una temporalidad que en la ayuda a domicilio superan el 60%, según denuncian las centrales sindicales, que añaden a ese cuadro los desplazamientos entre domicilios que no se computan como tiempo de trabajo y la disponibilidad encubierta mediante bolsas de horas.
Almería fue en el segundo trimestre de 2026 la única provincia andaluza donde el empleo no creció respecto al año anterior, con una tasa de paro del 16,05% frente al 9,87% estatal, según la Encuesta de Población Activa. La Agencia Tributaria cifra en 18.733 euros el salario medio anual de la provincia en 2024, por debajo de los 20.439 de Andalucía y de los 24.962 del territorio fiscal común.
En un mercado laboral así, CCOO y UGT Almería, advierten que los empleos de la dependencia deberían servir para corregir la brecha salarial y no para ensancharla, y recuerdan que seis de cada diez personas paradas almerienses no cobran prestación y que 11.237 personas de la provincia, el 45% menores, han sido beneficiarias del Ingreso mínimo Vital desde 2020.
La responsabilidad de corregir esa situación corresponde, a juicio de ambas organizaciones, a la Junta de Andalucía y a las empresas concesionarias, a las que exigen pliegos de contratación que blinden las condiciones laborales, convenios actualizados, prevención efectiva de riesgos físicos y psicosociales y el reconocimiento de la jubilación anticipada para las profesionales de los cuidados.
