El presidente, Javier A. García, dio detalle de la cronología de los hechos acontecidos el pasado martes cuando la UCO se personó en las dependencias de la Diputación para hacer el requerimiento solicitando el expediente de adquisición de mascarillas adjudicado a la empresa Azor Corporate Ibérica. “Le hicimos entrega de ese expediente, como siempre hacemos cuando se nos pide un expediente, y se les explicó por parte de los servicios técnicos. Por tanto, cumplimos con el requerimiento”, precisó García.

Tras conocer a mediodía el registro del despacho de Óscar Liria y la petición de la UCO de expedientes de otra sociedad con el mismo administrador que la empresa Azor Corporate, se le proporcionan también a la UCO esos expedientes requeridos. “Me comunican por la tarde que han pedido expedientes de otra sociedad relacionada con el mismo administrador de la adjudicataria de las mascarillas. Nos vemos sorprendidos por la detención del señor Liria y por el registro”, expuso el presidente.

Decisiones firmes y rápidas

Una vez realizada la cronología de lo acontecido, el presidente explicó la prioridad que en todo momento siguió en su toma firme y rápida de decisiones:

Colaboración absoluta con la Justicia con total transparencia y explicación; proteger a la Institución, con la firma del cese fulminante e inmediato del señor Liria; recobrar la normalidad y retomar la actividad de la Institución.

En esta línea, el presidente subrayó que “colaboramos en todo momento con la Justicia con la prioridad de proteger a la Institución. Por eso tomé la decisión inmediata del cese fulminante de funciones y sueldo del señor Liria. El siguiente paso fue nombrar de manera inmediata a Ángel Escobar como responsable del Área de Fomento para que Diputación continuara con la normalidad de su actividad”.

En este sentido, el presidente reveló que llamó a todos los portavoces de la oposición antes de tomar la decisión del cese y “me puse a su disposición compartiendo con ellos toda la información que tenía hasta el momento”. El presidente ha destacado que “no me ha temblado el pulso en tomar decisiones para proteger a esta casa y a sus trabajadores”.

Asimismo, García apuntó que “una vez que colaboramos con la Justicia, que tomamos las decisiones tajantes y fulminantes, y una vez que recobramos la normalidad, comparezco hoy de forma voluntaria para dar cuenta de todo con total transparencia”.

El presidente lamentó profundamente “la confusión que nos ha generado esta situación a todos en estos días y que nos ha llevado a la toma inmediata de decisiones para trasladar la tranquilidad, firmeza, y la transparencia que esta Institución y los municipios de la provincia merecen”.

Del mismo modo, dio las gracias a “todos los trabajadores de la casa y a todos los miembros de la Corporación por la defensa de esta Institución porque todos queremos lo mejor para esta provincia”.

Un expediente impoluto

El presidente ha pormenorizado cómo fue el requerimiento del expediente de las mascarillas y como se procedió a su adjudicación el 8 de abril de 2020. En plena pandemia del Covid-19 y con un grave problema de desabastecimiento de mascarillas y material de protección en todo el país “la compra de mascarillas era toda una proeza. Ninguna institución, incluso el Gobierno de España, podía comprar material sanitario porque la situación era como la de un mercado persa”.

“Intentamos beneficiar y proteger siempre a la provincia y se adjudicó el contrato al licitador que nos ofrecía la oferta más barata, hasta un 25% más económica que la media nacional por la que compraban otras administraciones. Compramos hasta un 400% más barato del precio al que lo hicieron otras corporaciones”, afirmó Javier A. García.

El presidente detalló que todo el material adjudicado se entregó y fue recepcionado por un funcionario que comprobó cada pieza recibida detectando que había 29 cajas defectuosas y 10 monos que no llegaron. Tal es la pulcritud administrativa de este expediente, que los servicios jurídicos reclamaron a la empresa por este incumplimiento.

Cuando se comprueba que la empresa no ha cumplido, el expediente se envía al Consejo Consultivo y éste autoriza la resolución del contrato y confirma que “está impoluto. Hemos reclamado y vamos a reclamar el dinero del material defectuoso o que faltaba”, precisó.

De este modo, Javier A. García valoró que “hemos actuado con transparencia y con mucho más celo del que nos indica la ley. Por eso quiero felicitar a los funcionarios que hicieron el expediente y no voy a permitir que se utilice la Diputación para cualquier otro fin que no sea la defensa de los 103 municipios, los 1.500 empleados y la Institución por la que seguiremos trabajando para que sea ejemplar, modélica y un referente para todos los alcaldes”.

El presidente cerró su intervención al afirmar que no le temblará el pulso “como no me tembló en otros momentos. La Diputación siempre estará por encima de los intereses de cualquier persona. Esta Institución está y es ajena a cualquier acción personal que haya supuesto una mínima sospecha sobre la transparencia de esta casa”.

De forma tajante el presidente puso de relieve que “no hay nada que ocultar, les puedo garantizar que esta institución no ha adjudicado contratos a cambio de nada. No ha habido ninguna irregularidad a la hora de conformar un expediente para adjudicar un contrato, lo digo categóricamente. No la ha habido. Ha sido una adjudicación impoluta, sólo a cambio de que se nos suministrara el material por el que habíamos pagado”.

“Ahora estamos en unas circunstancias en las que se tienen que demostrar que los políticos estamos de verdad y tenemos que ensalzar la política como servicio público. Y con honestidad, ser transparentes y pedir responsabilidades a quien haya que pedírselas y que no nos tiemble el pulso a la hora de tomar decisiones sobre cualquier persona que intente manchar la imagen de esta Institución”, dijo.

Otros expedientes

Por otro lado, el presidente ha informado que además del expediente de las mascarillas se han puesto a disposición de la UCO otros 16 expedientes que tienen al mismo administrador que Azor Corporate y que se adjudicaron a Pulconal SL, empresa que se ha presentado a 29 procedimientos abiertos y solo resultaron adjudicatarios en uno.

Asimismo, presentaron oferta para 28 menores y se le adjudicaron 16. Y solo en esas 16 ocasiones resultaron adjudicatarios en 4 años. Esta Institución hace más de 2.000 contratos menores por cuatrienio y solo en 16 Pulconal ha sido adjudicataria.

Una comisión de investigación transparente

Tras detallar con exhaustividad todos los pormenores, el presidente ha desvelado que el señor Liria ya no pertenece al Partido Popular. Y que esta mañana su abogado ha comunicado que cuando sea factible el señor Liria presentará la renuncia a su acta como diputado.

Por otro lado, Javier A. García también dio a conocer que los servicios jurídicos de la Diputación están estudiando personarse en la causa para valorar si ha existido algún perjuicio para la Institución Provincial.

Asimismo, los grupos políticos acordaron la creación de una Comisión de Investigación y Javier A. García, en aras de la máxima transparencia, adelantó que ésta no estará presidida por ningún miembro del Partido Popular.

El presidente concluyó este Pleno dando las gracias a toda la casa asegurando el trabajo incansable que “vamos a seguir haciendo para defender los intereses de esta provincia, porque la Diputación de Almería y sus trabajadores son ejemplares y queremos seguir siéndolo”.

“Estamos firmes en nuestra defensa de esta Institución, en la defensa de mi partido, el Partido Popular y, por eso, tanto orgánica como institucionalmente no nos ha temblado la mano, no valen ambigüedades en una situación que desgraciadamente estamos viviendo. Por tanto, quiero dar las gracias a todos los grupos políticos porque sé que van a aportar claridad y van a ayudar a que esta Institución tenga esa transparencia”, finalizó el presidente.

El PSOE reclama al presidente que asuma responsabilidades

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha lamentado la postura adoptada por el presidente, Javier Aureliano García Molina, en la sesión plenaria celebrada ayer para abordar las supuestas mordidas en la contratación de material sanitario y de protección para el Covid-19 que está investigando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que han provocado, de momento, el ingreso en prisión de una de las personas de confianza del presidente: su antiguo vicepresidente tercero y diputado de Fomento.

En el pleno, García Molina zanjó la trama de las mascarillas “sin asumir ninguna responsabilidad” y dejó tras de sí “más dudas que certezas”, según ha manifestado el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo.

En este sentido, Lorenzo lamentó que las explicaciones que el presidente provincial debía dar estuvieran plagadas de “evasivas” y no dieran respuesta a las numerosas preguntas efectuadas por el PSOE, encaminadas a que la opinión pública sepa de los asuntos que actualmente investigan la Justicia y la Guardia Civil sucedidas en el seno de la Diputación Provincial por la gestión del equipo de García Molina.

Lorenzo Cazorla se interesó por los criterios empleados por el PP para adjudicar el contrato para la adquisición de material sanitario por dos millones de euros a Azor Corporate Ibérica, S.L. Los socialistas preguntaron igualmente quién solicitó los presupuestos que dieron lugar a la contratación y de qué manera se realizó ésta, e intentaron esclarecer quién era el contacto de las empresas a las que se les solicitó presupuesto y por qué medio se pidió.

“Si el Decreto de Presidencia para la adquisición de material que es, en definitiva, el contrato, lo firmó usted, ¿por qué está su vicepresidente en prisión?”, preguntó el portavoz del PSOE, quien inquirió al presidente provincial si conocía a los administradores de la empresa contratada. Asimismo, y en relación a la visita efectuada hace cuatro días por los agentes de la UCO tanto al edificio provincial de Navarro Rodrigo como al Área de Fomento, sita en la calle Hermanos Machado, los socialistas pidieron conocer si se ha tomado declaración a algún otro miembro del equipo de Gobierno, incluido el presidente, así como a cualquier otro funcionario. En este punto, el portavoz socialista quiso poner en valor, especialmente en estos momentos, el trabajo que realiza el personal de Diputación, “a quien se le ha de pedir disculpas desde el equipo de Gobierno por estos días de angustia que están viviendo”.

El presidente de la Diputación eludió aportar las claves solicitadas desde el Grupo Socialista sobre si se contactó por WhastApp con una segunda empresa para que enviara un presupuesto en tan solo 15 minutos –que se habría incorporado al expediente– y sobre si la UCO se ha llevado más expedientes de contratación, además del de las mascarillas.

Por estas múltiples incógnitas que García Molina no despejó en el pleno extraordinario de ayer, el PSOE pidió la constitución y la presidencia de una comisión de investigación sobre el ‘Caso mascarillas’, así como que la Diputación se persone como acusación particular en la causa abierta por el juzgado de Barcelona.

El Plan Almería y el PP, en el centro de la polémica

El portavoz socialista quiso destacar que su grupo “confió” en el equipo del PP y aprobó el conocido como Plan Almería, proyecto en el que se enmarcan las contrataciones efectuadas en el ‘Caso mascarillas’. “Si finalmente se demostrara que existen mordidas en estos contratos, estas supuestas mordidas se habrían producido en el corazón de todos los almerienses y en el dinero destinado a salvar las vidas de los almerienses”, con lo que “no sólo sería delictivo y deplorable, sino, también, denigrante y cruel”, aseguró Lorenzo Cazorla.

Los socialistas insistieron en que las supuestas mordidas “afectan al PP” y “no a esta institución ni a los funcionarios que trabajan en ella a diario, que han vivido tres días insufribles” desde que se destaparan las investigaciones del ‘Caso mascarillas’, por lo que el Grupo Socialista pide “la máxima transparencia” al equipo de Gobierno. “Es un caso muy serio en el que la demagogia hay que dejarla en casa y hay que dar explicaciones para que no haya ningún rasgo de sospecha”, concluyó Lorenzo Cazorla.